Tras los reclamos ante la Dirección de Niñez, la comisión de Derechos Humanos del Concejo determinó conformar este martes un espacio donde se articule el accionar de los funcionarios provinciales y las familias solidarias en aquellos casos donde corran peligro los menores.
De la reunión llevada a cabo en el Palacio Vasallo y presidida por la titular de la comisión, Fernanda Cigliani (PPS) participaron el cuestionado director de Niñez, Lautaro D´anna y su subsecretario, Cristian Allende.
También fueron de la partida el diputado provincial Eduardo Toniolli, la psicóloga y docente Mirta Guelman de Javkin y los ediles rosarinos Gonzalo Del Cerro (Convicción Radical); Jorge Boasso y María Eugenia Schmuck (UCR); Manuel Sciutto y Pablo Colono (PS), Diego Giuliano (Encuentro por Rosario) y Roberto Sukerman (FpV).
Fue éste último, junto con su compañera de bloque, Norma López, quienes la semana pasada solicitaron la renuncia de D´anna. “El funcionario debería abandonar el cargo por su propia iniciativa o por pedido de Mónica Bifarello, ministra de Desarrollo Social, quien debería estar al tanto de los cuestionamientos hacia el funcionamiento del organismo”, apuntaron los concejales en un comunicado conjunto luego de –según detalló López– haberse comunicado “con varias familias solidarias y profesionales especialistas en niñez”.
“Hemos recibido testimonios de familias solidarias que nos han formulado denuncias por temor a que les retiren los chicos, por lo que a partir de la generación de esta instancia intermedia se podrán acercar más componentes de estas últimas a efectos de lograr que se atienda su problemática y puedan hacer sus cuestionamientos sin temor”, manifestó Cigliani quien será la responsable de reencauzar los diálogos entre los funcionarios provinciales y las actuales 48 familias solidarias que tienen bajo su ala a 63 niños.
“Hay que proteger el interés superior del niño –advirtió la concejala– aún a pesar de determinadas normas que entran en colisión con ese presupuesto. Hay una visión normativista en los funcionarios provinciales que entendemos los concejales, en algún punto, pueden desproteger ese interés superior del que hablamos”.
De este modo apuntó a episodios pasados de “dominio público” donde surgieron conflictos con familias solidarias que también estaban anotadas en el Registro de Adopción.
“Esto es inadmisible –disparó– ya que la provincia debe tener la posibilidad de realizar un entrecruzamiento de datos para que más allá de que la familia firme una declaración jurada, diciendo que no está inscripta en uno de los registros, sea el mismo Estado el garante del cumplimiento de normas esenciales”.
En tanto, D´anna admitió que es muy difícil “acordar la construcción de acuerdos con las familias involucradas” y requirió, asimismo, mayor involucramiento por parte del área médica.
A su turno, Sukerman solicitó más recursos para el Nodo Rosario que dirige Allende, quien sostuvo que “este es un problema que resolveremos entre todos”.
“Cada situación es un mundo por su complejidad, pero estamos dispuestos a juntarnos con las familias solidarias y hacer un análisis, junto a la Defensora de los derechos del niño y los concejales de la comisión de Derechos Humanos”, concedió y anticipó: “Revisaremos estrategias de algunos casos para que las determinaciones afecten lo menos posible, tanto a los niños como a los adultos involucrados”.
Fuente: Concejo Municipal de Rosario.
