Se levantó la protesta que llevaban adelante agentes del Comando Radioeléctrico, que en principio marcharon frente a la sede de Gobernación y luego se autoacuartelaron repudiando los cambios de horarios que les impedían realizar servicios adicionales. El juez Juan Andrés Donnola actuó de mediador y varios efectivos denunciaron haber sufrido “aprietes” para destrabar el conflicto.
La resolución fue confirmada por voceros de la Unidad Regional II, que aseguraron que los móviles salieron de Jefatura y patrullan las calles de la ciudad.
La situación se destrabó a media mañana de este viernes cuando al menos ocho móviles policiales abandonaron la Jefatura de Policía, burlando por una salida secundaria el bloqueo que realizaban familiares de miembros del Comando Radioeléctrico, lo que provocó que el resto de los agentes decidieran dar por finalizada la medida no sin antes expresar ante los trabajadores de prensa presentes en el lugar su temor a «ser sancionados con pases a disponibilidad”.
Previamente, el juez de instrucción Juan Andrés Donnola había actuado de mediador en el conflicto que mantuvo en vilo a la ciudad. El magistrado se hizo presente en la mañana de este viernes, en la Jefatura de Policía de Ovidio Lagos al 5200, acompañado por el fiscal Aníbal Vescovo.
En diálogo con Radio Nacional, Donnola explicó que “había gente que quemaba cubiertas y no dejaba salir los móviles a la calle”, y que su presencia se debía a “observar la situación desde adentro”, porque “no es lo mismo que te la cuenten a que verla personalmente”.
“Fuimos con el fiscal (por Vescovo), hablamos con todas las autoridades policiales que se encontraban en el lugar, la provincial y los miembros de la URII, nos contaron lo que había sucedido y tratamos de buscar la mejor solución al conflicto”, continúo relatando el magistrado, y agregó: “Nos trasmitieron que la noche anterior había habido un acuerdo en cuanto a los cambios de horarios y la cantidad de móviles que debían circular diariamente, tomamos nota y labramos un acta refrendando lo que nos transmitieron”.
El juez, además, remarcó que en el interior de la Jefatura “vislumbramos tranquilidad y no vimos signos de nerviosismo”, y que tuvo tiempo de dialogar con el ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, “para ver qué visión tenía él» y para «compartir impresiones”, y concluyó: “El objetivo fue siempre tratar de destrabar la situación y buscar la mejor salida para todas las partes, teniendo en cuenta la seguridad de la ciudadanía ante la ausencia de patrulleros”.
Denuncias de “aprietes”
Luego de que finalizara el paro de actividades y el autoacuartelamiento, algo que no ocurría desde abril de 2005, varios agentes denunciaron haber sufrido “aprietes” para levantar la medida de fuerza y confesaron «temor» a padecer futuras sanciones.
Uno de ellos, que se presentó ante la prensa como Fabián, denunció que su mujer haber sido agredida cuando se encontraba en los alrededores de la Jefatura junto a familiares de sus compañeros acompañando la protesta. «Me llamó y me dijo que le habían pegado varios policías y que había salido Infantería a pegar», aseveró el agente, y contó que una compañera de trabajo fue testigo de lo sucedido. «Me comentó que vio cuando infantería salió con mala intención y con palos a agredir a familiares», precisó Fabián y concluyó resaltando que encontró a su mujer «con un ataque de nervios, mal, llorando, descompuesta», y que la embarazada fue llevada a un hospital privado, donde «tras algunas horas recibió el alta».
Grave denuncia de Apropol
Por otra parte, Alberto Martínez, titular del gremio no reconocido de policías Apropol, acusó al gobierno de “bancar” al narcotráfico.
“Ellos bancan los kioscos de drogas y nos tenemos que ir nosotros. Bancan a nacotraficantes para que pongan boliches y nos sacan a nosotros. Son unos hijos de puta”, disparó sin pelos en la lengua Martínez, y agregó: “Que busquen a los narcos, no tienen vergüenza, miren lo que hace un juez de Instrucción (en obvia alusión a Donnola) ¿Hasta cuándo aguantamos esto?».
Hay que ponerse las pilas
Por último, Roberto Rosúa, ex ministro de Gobierno durante la gestión de Jorge Obeid al frente de la Casa Gris, sentenció: “Aquí se requiere que el ministro de Seguridad se ponga las pilas para resolver este problema, en beneficio de dos grandes intervinientes: la sociedad, que requiere el servicio y la policía que lo tiene que cumplir».
En declaraciones al programa «La que se viene» que se emite por LT8, Rosúa criticó las políticas de seguridad llevadas adelante por las administraciones socialistas. “Hace falta una seria y contundente conducción política sobre la fuerza policial. Eso no significa andar a los manotazos y cachetazos, sino tener programas y hacerlos cumplir”, señaló el ex ministro, y añadió: “Es es evidente que desde la época de Hermes Binner se resintió y como consecuencia se llegó a esta situación por falta de claridad en la conducción política. Faltan programas y decisión para implementarlos. Hubo mucha irresponsabilidad en promesas que no se cumplieron y ahora se pagan las consecuencias».
