El secretario de Seguridad Pública, Marcos Escajadillo, será devuelto a su cargo de origen en Protección Civil, luego de una breve estadía como número dos de Raúl Lamberto, puesto que será ocupado por el actual secretario de Control de Seguridad, Matías Drivet. Su remoción se da en medio del polvaredal levantado por el escándalo narcopolicial.
La salida de Escajadillo representa la primera baja en el área del Ministerio de Seguridad (su cargo era Secretario de Seguridad) luego de difundirse en Pagina 12, la investigación que realizaba la justicia sobre un eventual nexo entre Tognoli, y una banda de narcotraficantes.
El ex jefe policial renunció ese mismo día y estuvo prófugo de la Justicia Federal de Rosario, que emitió una orden de captura, hasta que se entregó el domingo por la noche en la ciudad de Santa Fe.
Escajadillo ha sido un funcionario de importancia en el esquema del socialismo, tanto en la municipalidad de Rosario como en el gobierno provincial.
El renunciante funcionario fue director de Defensa Civil de Rosario, titular de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y luego se desempañó como titular de Protección Civil de la provincia.
Con la asunción del gobernador Antonio Bonfatti fue convocado para ser el número dos de la cartera de Seguridad, en primer término secundando al ex ministro Leandro Corti y después a Raúl Lamberto.
El PJ pide que Bonfatti asuma su responsabilidad
El sector del PJ en la Legislatura provincial difundió un comunicado en el que expresa fuertes críticas al Ejecutivo santafesino frente a lo que calificó como una “gravísima situación institucional”.
En el escrito hacen un llamado al ministro de Seguridad Raúl Lamberto a comparecer en la Legislatura para “recabar información, interiorizarnos de la investigación a fin de aportar eventualmente herramientas que sirvan al diseño de una nueva política de seguridad”.
Manifiestan no obstante que “la posible vinculación de la máxima autoridad policial con el narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual y cualquier otro delito, pone al descubierto la impericia del Poder Ejecutivo Provincial en la conducción de las Fuerzas de Seguridad”, responsabilidad esta última que le atribuyen “exclusivamente al gobernador”.
Asimismo, afirman “que estamos sin dudas frente al hecho mas grave en la historia de la policía santafecina”, por lo que requieren al jefe del Estado provincial, “se ponga a la altura de las circunstancias, deje de buscar excusas, asuma la responsabilidad que le compete y reconozca que el crecimiento exponencial del delito de tráfico de drogas en la provincia es consecuencia directa de la falta de una política de seguridad y de control de la policía durante los últimos cinco años de gobierno del Frente Progresista”.
En el texto, los legisladores justicialistas recuerdan que “quien se encuentra sospechado de connivencia con el narcotráfico, fue designado durante la gestión del ex gobernador Binner al frente de «Drogas Peligrosas» y promovido por el Gobernador Bonfatti como jefe de policía de la provincia, siendo el mismo, un funcionario de confianza del Frente Progresista Cívico y Social”.
El intercambio de dardos recrudeció en las últimas jornadas luego de que funcionarios del Gobierno provincial salieran a criticar lo que a sus ojos interpretan como una “utilización política” por parte de la oposición de este “momento de crisis”.
El mandatario santafesino sostuvo que la investigación se refiere a hechos de “noviembre pasado”. “Me llama la atención. Si desde noviembre se conocía que esta persona estaba siendo investigada, creo que lo mínimo era decirle al gobierno provincial «tengan cuidado con esta persona»”, se quejó Bonfatti.
Por su parte el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, sostuvo que “estar especulando políticamente con temas como el combate al narcotráfico es cuanto menos lamentable”.
Galassi hacía referencia a “algunas declaraciones como la (del secretario de transporte de la Nación, Alejandro) Ramos, como (el presidente del PJ provincial, José) Freyre, como el propio (diputado nacional del Frente para la Vitoria, Agustín) Rossi”, quienes le endilgaron toda responsabilidad al actual gobierno. “Ahora parece ser que tienen la panacea”, dijo el funcionario.
El senador Miguel Lifschitz optó por hacer un llamado a “todos los sectores a compartir y acompañar lo que debe ser una auténtica política de estado”.
El legislador socialista sostuvo que “no se trata ahora de tomar medidas efectistas pero de corto alcance, ni de aislarse ante la presunción de alguna operación orquestada desde afuera, sino de aprovechar la oportunidad para generar un plan integral de reformas en el sistema de seguridad con amplio consenso político y social, que avance en la dirección ya establecida por el gobierno de la provincia”.
