La Cámara baja aprobó este miércoles dos nuevas leyes: una norma que agrava la pena del homicidio cuando esté motivado por la condición de género de la víctima y un atajo legal hacia la Corte.
Tras haber discutido ocho meses los distintos proyectos sobre femicidio a partir de la eclosión mediática que supuso la muerte de la pampeana Carla Figueroa y tantas otras víctimas como ella, siendo tal vez la más trágicamente célebre la de Wanda Taddei, Diputados aprobó en segunda vuelta y por unanimidad la ley que castiga los crímenes considerados de género, lo que incluye tanto a mujeres como personas trans.
El proyecto había tenido media sanción de la Cámara baja en abril pasado y sufrido algunas modificaciones en octubre luego de pasar por el Senado, el cual en realidad no lo cambió sustancialmente, sino que lo reordenó. “En ese reordenamiento se perdió el agravante por lesiones. Nosotros ahora lo reincorporamos”, explicó la legisladora kirchnerista Diana Conti.
No se trata de una figura penal autónoma sino que se considera al femicidio como un agravante del homicidio, con lo cual la pena que se computará será la perpetua.
Otra ley que sancionaron los diputados durante la sesión del miércoles, fue el recurso del per saltum, proyecto del oficialismo que habilita a la Corte Suprema a intervenir en determinadas causas aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas. Basado en un texto de 2002 de la entonces legisladora y actual presidenta Cristina Fernández, fue el senador Miguel Angel Pichetto quien lo volvió a reflotar.
Con 135 votos a favor y 95 en contra, el FpV logró legislar el atajo judicial pero para ello tuvo primero que darse quórum con la ayuda de sus tradicionales aliados. Ya con la presencia de 129 diputados y abierto, por ende, el debate, los miembros de la oposición decidieron ocupar ellos también sus bancas.
“Lo estamos planteando como un recurso con características de excepcionalidad, recogiendo la mejor doctrina”, dijo Conti quien explicó que el per saltum es “un instrumento democrático”.
No fue de la misma opinión el juecista Ernesto Martínez quien puso de relieve “el riesgo de convertir a la Corte en una comisión especial”.
Fuentes: Página 12, Télam
