Aldo Carlos Checchi se quitó la vida antes de sentarse en el banquillo; estaba imputado en la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad perpetrados en el ex centro clandestino cordobés La Perla y cuyo juicio oral comenzó este martes.
El mayor retirado de 67 años –uno de los jefes del Destacamento de Inteligencia 141 entre 1976 y 1979– se disparó este lunes en el hospital en el que se encontraba internado en Buenos Aires, un día antes que comenzara el juicio oral en el que estaba imputado junto con otras 46 personas más, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez. Justamente por ello, la causa también es conocida como Menéndez III.
Al momento de terminar con su vida, el responsable de Artillería Militar esperaba ser trasladado para someterse al proceso de enjuiciamiento, pero al no poder soportar tal instancia –según trascendió a partir de una carta que el mismo Checchi escribió antes de morir– decidió pegarse un tiro.
“Resulta inconcebible que quienes están acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos se encuentren en condiciones que les permitan seguir atentando contra la vida, sea la propia o la de los demás”, manifestaron diversos organismos de derechos humanos cordobeses quienes solicitaron a la Justicia que tome todas las medidas necesarias para evitar que otro imputado como Checchi lo emule y evite así ser juzgado.
El comunicado conjunto de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Ex Presos Políticos de Córdoba e HIJOS insiste en que los genocidas sean alojados “donde corresponde: en cárceles comunes”. “Nos preguntamos cómo es posible que un preso de la peligrosidad de Checchi, que se encontraba imputado por 103 delitos de lesa humanidad, tuviera acceso a los medios que le permitieran no sólo atentar contra su vida sino también impedir el normal desarrollo de un juicio por crímenes cometidos hace más de 36 años”, insistieron desde las mencionadas organizaciones.
“Checchi decidió terminar con su vida para no enfrentar un tribunal y dar cuenta de los cientos de crímenes que cometió. Murió impune, sin poder ser condenado, conservando así su grado militar y su pensión con honores, como si nada hubiera sucedido durante los años en que actuó como miembro de la Patota de La Perla”, pondera el texto que insta a la Justicia a llevar a cabo los juicios “sin más demoras ni dilaciones”.
“No permitamos que otro genocida muera antes de ser juzgado”, fue la consigna de los organismos de derechos humanos.
Fuente: Página 12
