La Cámara de Senadores santafesina dio sanción definitiva en su sesión extraordinaria de este jueves a la ley que suspende desalojos de pequeños productores por el término de cinco años, que ya habían comenzado a efectivizarse en el norte de la provincia, informaron fuentes legislativas.
El proyecto, que declara la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y fue incluida a último momento para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
El texto establece la emergencia durante cinco años para aquellos productores, familias rurales o campesinos que acrediten más de diez años de ocupación efectiva, ininterrumpida y pacífica de las tierras.
En ese sentido, quedan suspendidos todos los desalojos por el término de la emergencia y se crea el Programa de Regularización Dominial con el objeto de obtener un registro real de dominio y un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales ubicados en territorio provincial.
En los últimos días, pequeños productores de los departamentos Vera y 9 de julio, en el norte provincial, denunciaron la situación a la que estaban siendo sometidos, con intereses económicos detrás de los desalojos.
Los productores fueron acompañados por las organizaciones de derechos humanos de Reconquista y todo el norte de la provincia, el abogado Iván Bordón, querellante en el juicio a los represores de la Base Aérea de Reconquista, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, entre otras entidades.
El proyecto aprobado este jueves fue realizado por la diputada Susana García (Frente Progresista) y contó con el apoyo de diputados de todas las bancadas.
El diputado Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, contó que el problema de los desalojos «se profundizó en los últimos años» y denunció que se basan en «juicios con papeles apócrifos de supuestos dueños para despojar a campesinos humildes» que ocupan las tierras desde hace décadas y que son expulsados «por la fuerza pública o por sicarios y matones contratados».
Fuente: Télam
