La Cámara alta aprobó el memorándum que le permitirá a la justicia argentina interrogar a los sospechosos del atentado contra la sede de la AMIA de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
El apoyo a la iniciativa impulsada por el gobierno nacional obtuvo 39 votos a favor y 31 en contra y dos abstenciones, tras un debate de más de diez horas en el que hicieron uso de la palabra 38 senadores, de los 72 que conforman la Cámara.
A partir de la próxima semana, el acuerdo será estudiado por Diputados que deberá respaldarlo para que obtenga la ratificación parlamentaria.
El memorando habilita a las autoridades judiciales argentinas a interrogar a cinco ciudadanos iraníes sobre los que pesan órdenes de captura internacional, acusados de estar vinculados con el ataque a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994.
Además, dispone la creación de una Comisión de la Verdad que estará integrada por juristas internacionales, con el objetivo de producir avances en la causa, «paralizada» desde hace años.
La sesión comenzó sin la presencia de los bloques opositores que rechazan el acuerdo y bajaron al recinto una vez que el oficialismo logró reunir quórum.
Al abrir la sesión extraordinaria, el senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, como miembro informante del oficialismo, ratificó la necesidad del acuerdo para «destrabar una causa paralizada» y consideró que el acuerdo no implica una plena confianza en Irán.
Sostuvo que existe la posibilidad de que Irán no cumpla con el acuerdo, pero dijo que en ese caso «la culpabilidad y la condena internacional serán mucho más fuertes que el hecho de que hoy Argentina lo haya puesto en el banquillo».
En su discurso, Filmus afirmó que el gobierno argentino «no tiene nada que ver con la forma de pensar de Irán» y negó que la firma del entendimiento esté vinculada a un acercamiento de la política de Argentina con la de Irán.
«Es un régimen que niega el Holocausto, que niega la existencia del Estado de Israel y que agrede a las minorías y las persigue. No tenemos nada que ver con esa manera de pensar», explicó, aunque remarcó la necesidad de «destrabar la causa» para que «no haya impunidad» y «para que los acusados por el crimen de la AMIA enfrenten a la justicia argentina».
El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, apuntó que “los actos de terrorismo internacional son muy difíciles abordarlos con la ley en la mano”.
“Estos actos, los países que son potencias bélicas los resuelven con acciones directas, como hace Estados Unidos. De lo contrario, hay que abrir caminos de diálogo con los países donde viven esos ciudadanos imputados de estos delitos”, resaltó.
Pichetto agregó que “es la presidenta la que asume esta decisión con mucho coraje político”, afirmó que “es un camino correcto”, aunque reconoció que “hay riesgos y hay un perfil que Irán tiene que es cuestionable, pero existe una posibilidad”.
Su par del radicalismo, José Cano, especuló que “mientras nosotros queremos la verdad, Irán quiere la impunidad que es lo que viene haciendo desde el atentado”.
“Es un diálogo de sordos: nosotros buscamos la verdad e Irán busca la impunidad”, sentenció el legislador tucumano y dijo que “hay que ser muy ingenio para creer que este memorándum nos va a llevar a la justicia”.
Asimismo, el socialista Rubén Giustiniani, como presidente del interbloque del FAP, aseguró que es un “presupuesto falso de que este es el único camino” y que “es un sofisma”.
“Ya se ha aceptado que es absolutamente improbable que ese punto central que es poner a los acusados delante del juez de la causa, se produzca”, sentenció Giustiniani, quien agregó que recordó que “la ley iraní impide que los funcionarios de ese país sean interrogados por un juez argentino”.
Amnistía: el acuerdo con Irán «es una oportunidad para alcanzar justicia»
La organización internacional consideró que el entendimiento «se presenta como una oportunidad para reactivar la causa judicial, al posibilitar la realización de los interrogatorios pendientes».
La organización planteó que el acuerdo «de ninguna manera garantiza el éxito en la investigación», sino que «crea una oportunidad de avanzar hacia la justicia y reparación para las víctimas».
«Las indagatorias son actos de máxima importancia, imprescindibles para que pueda elevarse la causa a juicio oral y para dictar sentencia», remarcó Amnistía entre sus fundamentos.
Además, resaltó que el acuerdo «se presenta como una oportunidad para reactivar la causa judicial (…) actualmente estancada», y que la comisión de la verdad «podría ser una contribución positiva» a la causa.
La comisión de la verdad «podría ser una contribución positiva» a la causa
Con todo, opinó que ese grupo de juristas «no debe reemplazar los procedimientos judiciales» y que tanto Argentina como Irán «deben garantizar la independencia de la comisión».
«Amnistía Internacional no toma posición acerca de los fundamentos de los cargos realizados por un juez argentino contra ocho ciudadanos iraníes y un libanés por su supuesta responsabilidad en el ataque de 1994 contra la AMIA», subraya por otra parte el comunicado.
Para Amnistía, Irán «debe garantizar el cumplimiento de los pedidos de extradición» si después de los interrogatorios acordados las autoridades judiciales argentinas «entienden que la evidencia es suficiente para procesar a los sospechosos y ordenar su arresto».
Otra opción, para la organización internacional, es que Irán «decida investigar el caso a través de su propio sistema judicial, en un juicio imparcial que no contemple la posibilidad de pena de muerte».
«Así surge del deber de cooperar en el arresto, extradición y castigo de personas acusadas por crímenes de derecho internacional o graves violaciones a los derechos humanos», se fundamentó en el comunicado.
Fuente: Télam
