El juez federal de Rosario Carlos Vera Barros indagará el próximo lunes al ex jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, para determinar si recibió protección de la fuerza de seguridad en el accionar delictivo del que es acusado.
El juez de la causa investiga si el acusado de narcotráfico recibió los datos y claves de seguridad de Tognoli para facilitar la tenencia y comercialización de estupefacientes.
Tognoli, quien este jueves quedó nuevamente detenido debido a que se incorporaron nuevos elementos de prueba en la causa, fue acusado de haber otorgado las claves que le entregaba el Registro Nacional de la Propiedad Automotor para realizar todo tipo de investigaciones legales y requerir informes al registro en favor de la actividad ilegal desplegada por un narcotraficante.
Según afirmaron fuentes judiciales el juez Vera Barros dispone de «dos elementos de prueba suficientes» para establecer la hipótesis de este vínculo. El primero, dijeron, es el intercambio de mensajes de texto entre un comisario y una mujer vinculada con la trata de personas que pedía asesoramiento para vender cocaína en su local y que recibió como respuesta que debía pagarle 30 mil pesos a Tognoli y comprar los estupefacientes al otro acusado. El otro dato fundamental es el testimonio de un perito del Departamento de Servicios Informáticos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, quien sostuvo que el ex comisario mayor «era el responsable de las claves».
El magistrado dictó en noviembre la falta de mérito de Tognoli pero a principios de esta semana rechazó el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa. Ahora, el magistrado deberá resolver en 10 días hábiles si procesa a Tognoli por participar de una «empresa criminal conjunta» agravado por su condición de funcionario policial. De ser encontrado culpable por la Justicia la pena es de entre 5 y 10 años de prisión.
Además, el juez analiza la posibilidad de pedir la unificación de las causas judiciales abiertas contra Tognoli, quien también es investigado por la Justicia Federal de Santa Fe por «encubrimiento agravado» de Daniel «Tuerto» Mendoza, detenido en una causa por drogas y las coacciones sufridas por Norma Castaño, presidenta de la ONG Madres Solidarias.
En tanto, el ministro de Gobierno santafesino, Rubén Galassi, recordó que desde el Ejecutivo «en su momento tomamos las medidas que correspondían no solo en ese caso puntual sino a todo un proceso de formación en las fuerzas de seguridad». Y, en diálogo con radio LT 8, desligó la responsabilidad de la provincia en el caso Tognoli al señalar que el ex jefe policial afronta «un cargo que se le hace a él en forma personal».
