La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil se constituirá como querellante en la causa que lleva adelante la Justicia Federal por los delitos económicos cometidos contra la entidad y sus socios durante la última dictadura militar. Además, la institución propondrá ante el tribunal que se reconozca la figura del genocidio cultural.
El recién asumido presidente de la comisión directiva de la entidad, Marcelo Abaca, sostuvo que su intención es «poner al protagonista del hecho como querellante, y desde allí plantear la figura del genocidio cultural. La institución está en marcha».
En tanto, la causa llevada adelante por el juez Marcelo Bailaque avanza con las recolección de pruebas y las declaraciones de los testigos del saqueo que sufrió la Biblioteca Vigil. Además, se prevé que dentro de poco tiempo la Justicia inspeccione el edificio de Gaboto y Alem «para ver in situ los lugares que fue ocupando la intervención» de los militares en 1977, informó el fiscal Gonzalo Stara.
Al respecto, el Stara explicó que la idea es «tomar contacto directo con el lugar, con el escenario donde ocurrieron parte de los hechos investigados en la causa. La primera etapa del despojo se caracteriza a grandes rasgos, y previa entrega coactiva de sus bienes a la intervención, por la destrucción y robo de los bienes, con un claro objetivo ejemplificador; esto que la APDH en su denuncia calificara como genocidio cultural».
A su vez, el fiscal precisó que las medidas tomadas en esta causa repercutirán de forma «inexorable» en la causa Feced, debido a que los dirigentes de la entidad fueron detenidos y torturados en el centro clandestino montado en lo que fuera la jefatura de policía de la provincia.
El funcionario judicial consideró que la inspección de los testigos de los hechos y los luchadores sociales que participaron de la construcción del proyecto y que además fueron testigo de su desmantelamiento de lo que fuera el mayor emprendimiento pedagógico cultural de América Latina, «permitirá comprender de cerca los alcances del plan de desguace económico y cultural implementado por la maquinaria de terror desplegada por la última dictadura militar en la ex biblioteca popular».
«Es oportunidad importantísima para que los implicados en la investigación tomen contacto real con el edificio, y lo que fue el deterioro» del mismo, sostuvo el presidente de la comisión directiva.
Abaca agregó que «desde el punto de vista popular, la cultura fue atacada. Hablar de genocidio cultural es hablar del ADN de la obra de la Vigil». Además hizo hincapié en la importancia de que la biblioteca como institución se presente como querellante después que lo hicieran los miembros de la comisión directiva de ese momento y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Los miembros de la comisión aspiran a que la querella se presente en un par de semanas. En tanto, la Justicia intenta ubicar algunas de las obras de arte de autores reconocidos que pertenecieron a la Biblioteca, que podrían haber sido sustraídas por los saqueadores de la dictadura.
También se solicitó información a IBM y al service oficial de aquella época sobre las computadoras que poseía la entidad en el Centro de Cómputos que había armado, único en la ciudad en ese entonces, robados por los interventores.
Por otro lado, Abaca explicó que respecto de la recuperación de bienes avanzan a «paso firme» las reuniones con la Provincia, a través del Ministerio de Educación, que utiliza en comodato el edificio de Gaboto 450, de 4500 metros cuadrados, ya que actualmente, la biblioteca «que está en la etapa de recuperación de socios no tiene un lugar físico de funcionamiento”. Hecho que debe ocurrir antes de noviembre de este año según derterminó la ley aprobada en la Legislatura de la provincia.
También está prevista una «inminente reunión» con Patricio Griffín, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), para darle un impulso a la parte mutual de la biblioteca.
La Vigil fue intervenida por la última dictadura el 25 de febrero de 1977, la cual desarticuló la organización institucional, se persiguió y secuestró a sus dirigentes, se liquidó el sistema educativo con el cierre de numerosos cursos y escuelas. Fueron cesanteados docentes, empleados y obreros; se interrumpieron prestaciones esenciales (guardería, servicio materno infantil), se vendieron sus propiedades, se destruyeron o robaron no menos de 80 mil libros. Hechos que para las autoridades, la APDH y las víctimas, constituyeron un «verdadero genocidio cultural» contra el patrimonio de «todos los rosarinos».
