El diputado nacional Agustín Rossi, si bien se mostró “confiado en lograr los votos necesarios para aprobar los proyectos” de Reforma Judicial, expresó su preocupación ante la campaña “fascista” que busca impedir la sesión en la Cámara el próximo miércoles. «Es un escenario horrible el que se está generando previo al debate», sostuvo el legislador.
“Estamos confiados en que vamos a tener el número necesario para tener el quórum el miércoles y la cantidad de votos necesarios para aprobar los proyectos”, afirmó Rossi en declaraciones de este lunes a Radio del Plata.
El legislador volvió a referirse a las intenciones de sectores de la oposición de bloquear el funcionamiento de la Cámara baja, las que calificó de “claramente golpistas”, porque el legislativo “es el poder que se suprime inmediatamente cuando hay interrupción del orden constitucional”.
“¿Van a impedir la entrada de los diputados al Congreso? ¿Van a tratar de amedrentarlos de alguna manera para que no vayan al Congreso?”, se preguntó el legislador del FpV.
Para Rossi es “fascista” la campaña de las ONG con la publicación de las fotos de los 12 diputados que, sin pertenecer al bloque oficialista, podrían votar en favor de la reforma judicial.
“Tratan de generar una campaña de presión sin importarles las convicciones, los valores y el pensamiento de cada uno de ellos tratando de exponerlos. Ya lo hemos vivido con la 125 y el debate de las Afjp y cuando se debatió la ley de Medios. Antes no había redes sociales, aparecían en los diarios. Es para tratar de violentar su pensamiento”, remarcó.
Sobre estas campañas, Rossi sostuvo que “me preocupa, porque todo esto a veces se hace en nombre de la defensa de las instituciones y están violentando a las instituciones integradas por hombres y mujeres que tienen pensamientos, convicciones e ideas”.
En cuanto al tratamiento de los proyectos que se dará el próximo miércoles, el legislador señaló que “si hay ideas, iniciativas que nos parecen razonables vamos a considerarlas. Nuestro espíritu es el de siempre, ir, escuchar y de considerar cada una de las alternativas que se nos proponga teniendo en cuenta también que hay un trabajo previo de los senadores que dieron como resultado esta media sanción”.
Además, remarcó que “lo que estamos haciendo está inscripto dentro de lo que prevé nuestra Constitución. La reforma del ’94 crea el Consejo de la Magistratura y le da un diseño pero le deja al Congreso una ley específica para que lo constituya y lo que estamos haciendo no es violar ninguno de los principios con los que fue creado el consejo, sino modificar la ley que constituye el consejo”.
¿ONG?
El llamamiento a interferir en la sesión del miércoles, encabezado por Elisa Carrió, tuvo apoyo de algunas ONG que salieron vía redes sociales a buscar firmas para que los ciudadanos rubriquen un pedido dirigido a los diputados, mostrando fotos y números telefónicos de los mismos, tal cual lo mencionó Rossi.
Según consigna el diario Tiempo Argentino en su edición de este lunes, estas organizaciones, que se presentan como entidades independientes, apartidarias y ajenas a todo poder político en ejercicio, tienen sin embargo algunas particularidades que, cuando menos, desvirtuan tales atributos.
Una de ellas es la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ), que entre los integrantes de su Consejo Honorario cuenta con Martín Böhmer, profesor de la Universidad de Buenos Aires y a quien Mauricio Macri tentó con un cargo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, aunque luego fue relegado por Inés Weinberg de Roca.
Böhmer fue además uno de los asesores del actor Miguel del Sel en su construcción como candidato a gobernador de Santa Fe.
Otra de las organizaciones, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), tiene a Alejandro Carrió como su tesorero. Carrió, de acuerdo a lo investigado por Tiempo, es un abogado de una extensa tarea profesional que incluye el patrocinio del Grupo Clarín en la disputa por la constitucionalidad de la Ley de Medios. Además, representó a Felipe Herrera Noble, uno de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble.
«La reforma propuesta profundiza los actuales problemas de la justicia. No ha sido debatida adecuadamente, tiene serios problemas de constitucionalidad, pone en riesgo la independencia judicial y perjudica a los más desfavorecidos», señalan en su página web los impulsores de la solicitud, entre los que aparecen también el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano.
En los últimos años, esas organizaciones nutrieron de cuadros políticos a algunos partidos de la oposición. La diputada nacional del PRO Laura Alonso, ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano, y Nicolás Ducoté, ex presidente de CIPPEC y actual subsecretario de Asuntos Políticos en el gobierno de la Ciudad, son dos claros ejemplos.
Ducoté primero formó parte de los promocionados «equipos técnicos» de Francisco de Narváez, hasta que en 2011 decidió pegar el salto al macrismo. Pero no es el único integrante de CIPPEC de estrechos vínculos con la política: Miguel Braun, uno de los fundadores de la ONG, es director designado por el macrismo en Banco Ciudad; Jorge Giacobbe, vocal de CIPPEC, fue asesor del intendente de La Plata, Pablo Bruera; mientras que otro vocal, Guillermo «Willie» Stanley, es el papá de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de Macri.
