La Justicia recibió la primera acción de amparo contra las leyes que regulan las medidas cautelares y la creación de tres cámaras de Casación. Presentaron una cautelar para prohibir al gobierno la promulgación de los proyectos aprobados en el Congreso.
El abogado Andrés Gil Domínguez radicó la primera acción de amparo contra las leyes que regulan las medidas cautelares y la creación de tres nuevas cámaras de Casación. Así la Justicia recibió este lunes el primer planteo de inconstitucionalidad contra la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional.
La presentación la realizó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y se trata de una acción «colectiva» en representación de «todos los habitantes de la Nación que ven amenazado su derecho a la tutela judicial», y exigió una medida cautelar que le prohíba al gobierno la promulgación y publicación las leyes aprobadas en el Congreso.
Tras el sorteo, la causa quedó radicada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 8, a cargo de la jueza subrogante Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.
Según trascendió a la prensa, Gil Domínguez hizo la presentación en «carácter de titular afectado del derecho de incidencia colectiva a la tutela judicial efectiva y al derecho de amparo y profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires».
«Vengo a promover la presente acción de amparo preventivo contra el Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional respecto del proyecto de ley mediante el cual se establece la regulación de las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte», sostuvo en su escrito.
El abogado Gil Domínguez ya había aparecido en escena en defensa del grupo Clarín. En el marco del conflicto por la Ley de medios, en una nota para el diario del multimedio, el letrado expresó en su momento, que «La ley de servicios audiovisuales presenta serios inconvenientes de adecuación a los derechos de libertad de expresión y de propiedad establecidos por la Constitución argentina».
Ahora, Gil Domiínguez cuestiona «el proyecto de ley mediante el cual se crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial con sede en Capital Federal sancionados por el Congreso de la Nación y próximos a ser promulgados y publicados en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo Nacional».
Para el abogado se trata de normas «con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta conculcan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental y humano al amparo».
En el escrito pidió «la nulidad e inconstitucionalidad de la inminente amenaza de concreción en actos lesivos definitivos, inexorables e irreparables que implican los proyectos sancionados y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de promulgarlos y publicarlos en el Boletín Oficial».
«Los proyectos sancionados por el Congreso que establecen el régimen regulatorio de las medidas cautelares contra el Estado afectan de forma directa derechos fundamentales y humanos, subjetivos y colectivos, patrimoniales y no patrimoniales, contemplados expresa o implícitamente en la regla de reconocimiento constitucional argentina», según el constitucionalista.
ABOGADOS COMO VOS "La Centeno"
29/04/2013 en 23:32
HACIA UNA JUSTICIA DEL SIGLO XXI.
Saludamos, en líneas generales, los proyectos de leyes, denominados “Democratización de la Justicia”, propiciados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Que todos los ciudadanos –ya no las corporaciones de abogados y magistrados-, participemos de la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, la incorporación de un abogado del interior, la publicación de Sentencias por Internet, la reivindicación del abogado litigante a la hora de la designación de jueces, que los fondos del Órgano Jurisdiccional sean ahora, administrados por representantes, elegidos mediante el voto popular, etc. han sido progresos que hemos venido solicitando desde hace años.
Desearíamos sentirnos representados por las ideas vertidas, sobre este tema en una solicitada del Directorio del Colegio de Abogados de Rosario, abonada con fondos de todos los colegiados. Nos avergüenza como abogados que allí se hable de inconstitucionalidad, ya que a todas luces, estos proyectos son permitidos por nuestra Carta Magna, mas allá de que se este de acuerdo o no con el contenido de la reforma. Por tales motivos, invitamos a nuestros colegas al debate en democracia y a la reflexión colectiva.
Difundir la participación ciudadana en las decisiones de carácter general, es un progreso hacia los cambios que viene teniendo Sudamérica en el Siglo actual.
Rosario, 25 de abril de 2013.
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