El fiscal federal Walter Rodríguez, solicitó que se indague al productor agropecuario Daniel Stechina por «incitación a la violencia colectiva» a raíz de los dichos vertidos en el marco de una asamblea de la Mesa de Enlace. En esa oportunidad, llamó a «hacer desaparecer» a miembros del gobierno nacional.
El fiscal Walter Rodríguez solicitó que el ruralista, quien dijo en una asamblea de la mesa de enlace que existen “métodos psicológicos y de acción directa que se pueden implementar para destruir y hacer desaparecer a esta gente” –refiriéndose a miembros del gobierno nacional–, sea llamado a prestar declaración indagatoria. En la causa que se le sigue, Stechina está imputado por incitación a la violencia colectiva.
Según se desprende de su presentación, el fiscal entiende que la asamblea donde se manifestaron las declaraciones fue pública y abierta y que tuvo trascendencia pública, dada la presencia de medios de comunicación.
De acuerdo a las fuentes judiciales, el delito investigado implica que se estimule a través de dichos o acciones a que un grupo indeterminado de personas ejerza fuerza física contra otras. «Esa incitación, además, debe ser pública», agregaron las mismas fuentes. En esa reunión, se estima que estuvieron presentes unas 500 personas, dentro de las que se encontraban los representantes de las entidades que conforman la Mesa de enlace Luis Etchevehere, Eduardo Buzzi, Rubén Ferrero y Carlos Alberto Garetto.
En su escrito, Rodríguez sostuvo que la incitación a la violencia colectiva manifestada por Stechina en forma genérica, al referirse a la destitución de autoridades y a la desaparición de personas, «da cuenta de ciertos elementos que componen graves delitos tipificados en el Código Penal», como «los referidos a los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional y a la desaparición forzada de personas». Para el fiscal, estos delitos además, tienen como nota común «la gravedad de las consecuencias que generan para el orden democrático y constitucional».
Rodríguez aclaró en su solicitud de indagatoria que «en esta causa no peligra el derecho a la libre expresión en tanto los dichos del imputado constituyen palabras direccionadas a resquebrajar el orden público», y concluyó que «el hecho se produjo en un ámbito idóneo ya que como factor de poder, el sector agropecuario demostró, en virtud de sus antecedentes, tener suficiente potencial para gravitar en la escena pública nacional».
