Docentes egresados de la Escuela Municipal de Música denunciaron la imposibilidad de ejercer en instituciones educativas provinciales, por carecer de competencia que los habilite para inscribirse como profesores. Alejandra Morgado, una de las graduadas de la Juan B. Massa, señaló que resulta “imposible titularizar ya que quedamos relegados al segundo escalafón”.
“Antes sumaba lo que es el puntaje y el título más la antigüedad, ahora ya no”, explicó la docente a Redacción Rosario, y agregó que “lo más grave es que en el 2006 llegó la notificación a todos los profesorados de que tenían que reestructurar (para adecuarse a la ley nacional de educación)», aunque en el caso de la escuela municipal de Rosario esa adecuación no fue realizada, según indicó la docente.
Morgado precisó que dicha reestructuración tuvo lugar en varias de las instituciones provinciales, mientras que la escuela municipal rosarina aún mantiene el plan del año 1985: “Ni siquiera nos permite poder completar los estudios en otros lugares y homologar materias. Tenemos que empezar de cero si queremos obtener la competencia docente para poder titularizar”.
La docente señaló además que en los sitios oficiales del municipio la carrera sigue ofreciéndose como profesorado cuando en concreto esto resulta “un engaño”, y agregó que todas las gestiones ante la cartera educativa para solicitar la reestructuración de acuerdo a la ley nacional, llevadas a cabo por las autoridades de la institución a pedido de los propios egresados, tuvieron un resultado negativo.
“Ni municipalidad ni provincia quieren porque dicen que ya existe un profesorado provincial y una carrera universitaria”, explicó Morgado al respecto.
“También hablamos con la directora de educación municipal, quien nos dijo que nos saquemos de la cabeza de que se va a adecuar a la ley nacional y que la idea es transformar la carrera en un «FAP» (Formación Artística Profesional), más orientado hacia músicos, por lo que se sacarían las pedagógicas y se transformaría en otra cosa”.
Según explicó Morgado, esta especie de limbo burocrático que les impide en definitiva ejercer la profesión, afecta a más de medio centenar de la última camada de graduados así como a todos los egresados desde que entrara en vigencia el decreto 3029 del 2012 que gestiona la adecuación del modelo educativo provincial a la ley nacional sancionada en 2006.
