La Cámara alta sancionó este jueves la reforma y unificación del nuevo Código Civil y Comercial y lo giró a Diputados. El proyecto contó con el respaldo del bloque de senadores del Frente para la Victoria y sus aliados.
En una extensa sesión, que comenzó el miércoles por la tarde y concluyó este jueves a las 4.30 de la madrugada, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo logró media sanción en el Senado con 39 votos a favor y uno en contra.
El radicalismo, el Frente Amplio Progresista (FAP) y el peronismo disidente se retiraron del recinto a la hora de votar. El salteño Juan Pérez Alsina, del Partido Renovador, fue el único que voto en contra.
Los principales ejes del debate fueron en torno a la responsabilidad del Estado, inicio de la vida, acceso al agua, a la tierra y al divorcio.
Minutos antes del comienzo de la discusión, el radicalismo reclamó que la norma no se votara a “libro cerrado”, a lo que el oficialismo se negó.
“Era el final que buscaban. Es una forma de no comprometerse en esta discusión y hacer aparecer el Código como fruto de una sola facción política”, advirtió el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto.
Antes, el radical Ernesto Sanz había anticipado que se iban a retirar del recinto “por respeto” a su “dignidad” y por la decisión del kirchnerismo de aprobar la norma “a libro cerrado”.
También se retiraron de la sala de sesiones las peronistas disidentes Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero,
“Esta reforma es el recupero del concepto de la libertad, de la diversidad y del derecho que tenemos a ejercer en plenitud nuestras posibilidades sin que haya una visión única”, dijo el presidente de la Comisión Bicameral Especial, Marcelo Fuentes en el inicio del debate.
Por su parte, Pichetto defendió el voto a favor del Código que impulsa el Frente para la Victoria, aunque dijo que no compartía su “matriz civilista”. “Tengo una mirada positiva de lo hecho, no con la mirada destructiva. Estamos haciendo avances significativos en otras cosas”, agregó.
Entre los legisladores que se opusieron, el radical Ernesto Sanz sostuvo que “quienes crean que estamos hablando de cosas que tienen que ver con laboratorios y manipulaciones se equivocan, porque estas son cosas que tienen que ver con el amor y la vida”.
La ausencia de artículos que establezcan el derecho del acceso al agua también fue parte de la discusión, cuando el radical tucumano José Cano cuestionó esa decisión.
El oficialista bonaerense Aníbal Fernández le respondió, por su parte, que “el acceso al agua es un derecho público esencial” y que por eso “no es imperioso que esté en el Código Civil”.
El socialista Rubén Giustiniani cuestionó que el oficialismo no haya querido introducir modificaciones al articulado de la norma y se refirió, entre otros temas, a que se haya quitado del Código “el derecho al acceso al agua potable como un derecho humano, en beneficio de las empresas mineras y detrimento de los ciudadanos”.
Por su parte, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá también criticó el “apuro” del oficialismo por aprobar en un “trámite express” el nuevo Código Civil y Comercial al sospechar de la existencia de un “toma y daca entre el Poder Ejecutivo y el Judicial”.
El proyecto que consta de más de 2600 artículos, entrará en vigencia el 1 de enero de 2016 una vez que la Cámara de Diputados la sancione, presumiblemente, el próximo año.
Fuente: Télam.
