Un informe de la gestión del Ministerio de Trabajo a cargo de Carlos Tomada, señala que el trabajo en negro se redujo a dos de cada diez empleados, mientras que en los noventas las proporciones eran de nueve cada diez.
A su vez, destaca el informe que las políticas implementadas en los últimos diez años gestaron un cambio en el comportamiento social que llevó a un mayor nivel de cumplimiento de parte de los empleadores.
El texto agrega, que en el año 2003 comenzó en la Argentina «un proceso de recuperación de derechos tras la devastación generada por el neoliberalismo, donde el 50% de los trabajadores tenían cercenados sus derechos a un salario justo, a una jubilación y a una obra social».
El enfoque socio productivo con eje en la promoción del trabajo registrado, instaló un círculo virtuoso que permitió la creación de empleo “con derechos”, mientras se reducía la desocupación, el trabajo no registrado y la informalidad.
También se recordó la presentación en septiembre de 2003 del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), como la primera política activa que puso el acento en la necesidad de reducir la participación del trabajo no registrado.
«Si bien los empleadores tienen la obligación de declarar y registrar a los trabajadores, es el Estado, mediante este plan, quien pone en práctica su rol de contralor de la normativa laboral y de la seguridad social, verificando su cumplimiento; logrando así la registración plena de los trabajadores en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente: trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana».
Estas acciones fueron acompañadas por profundas campañas de concientización y la coordinación de acciones con la AFIP y los gobiernos provinciales, que «generaron un progresivo cambio en el comportamiento social, aún insuficiente», enfatiza el comunicado.
De acuerdo al informe, en materia de control del cumplimiento, el Ministerio de Trabajo lleva fiscalizadas más de un millón de empresas que ocupan a tres millones de trabajadores, y señaló que «más del 30% de los trabajadores en situación de no registro en el año 2003, fueron regularizados, merced al mencionado plan».
Una muestra de la decisión política del gobierno nacional de «poner al trabajo registrado en el centro de las políticas públicas», es haber pasado de 40 inspectores en el 2003 a más de 400; distribuidos en todo el país y dotados de equipamiento informático, instrumental y vehículos para poder ingresar a lugares que antes le eran inaccesibles.
El «inspector digital”, reemplaza a las inspecciones que se realizaban en actas de papel, abunda el informe.
«Hoy los inspectores cargan los datos de los trabajadores relevados en una netbook y estos quedan guardados automáticamente en el servidor central del Ministerio».
Esta modernización apoya los objetivos de dar «celeridad y trasparencia» a las inspecciones, que se reconvirtieron para llegar hoy a un «control en tiempo real», indica el informe de gestión.
Fuente: Télam
