El Sindicato de Trabajadores Judiciales advirtió una “escasez de recursos” en el nuevo sistema penal, que regirá en la provincia desde el 10 de febrero, y exigieron que “deben ser resueltos de manera inminente”.
“Celebramos que, después de reiteradas marchas y contramarchas hoy estemos frente al inicio de esta nueva etapa de la justicia penal. Pero creemos responsable advertir que la misma, por sí sola, seguramente no va a revertir la inseguridad que reina hoy en Santa Fe, particularmente en los grandes centros urbanos”, señala el comunicado del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia.
Con la firma del secretario general Juan Nucci, el comunicado agrega que “cargar sobre las espaldas del nuevo sistema cuestiones que tienen más que ver con decisiones políticas y estructura policial nos parece que lo debilitarán desde el principio”.
“Ratificamos nuestra adhesión al nuevo sistema, comprometemos nuestro esfuerzo por lograr los mejores resultados, pero tenemos la obligación de advertir que la escasez de recursos, particularmente humanos, deben ser resueltos de manera inminente”, aclaran los trabajadores judiciales.
En este sentido, la solicitada añade: “Estamos seguros que las bondades del nuevo régimen penal, serían más fáciles de advertir si se iniciara con las estructuras y los recursos humanos con que se programó, cuestión que no se ha cumplido”.
“Confiamos absolutamente en la vocación y esfuerzo de nuestros compañeros que han tomado la decisión de protagonizar estos cambios desde las nuevas instituciones, pero su número, absolutamente insuficiente y sin la creación de los cargos establecidos por la ley hace tiempo, tornan sumamente dificultoso un funcionamiento acorde a las justas exigencias de la sociedad”, prosigue.
Por último, desde el sindicato recordaron que “desde el inicio de la discusión sobre la necesidad de un nuevo sistema penal en la provincia, durante la gestión del gobernador Obeid, manifestamos claramente nuestra adhesión al sistema oral”, debido a su “mayor transparencia, inmediatez y democratización del proceso penal”.
