No sin críticas y advertencias por “falta de recursos” para su implementación, la reforma penal provincial entra en vigencia este lunes. El régimen deja atrás la modalidad escrita para pasar a un sistema oral y público en todas sus instancias.
Para el gobierno de Antonio Bonfatti, este lunes “se recordará como un mojón histórico que marca un antes y un después”, ya que se pone en marcha la nueva justicia penal de Santa Fe. “El sistema inquisitivo, escrito, caracterizado por la centralidad del expediente, quedará archivado, definitivamente, en un pasado donde abundan imágenes de una justicia lejana e inaccesible. El nuevo modelo, en cambio, es oral y público en todas sus instancias (no sólo en el juicio). El proceso está a la vista de las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil, transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana”, se lee en un comunicado del Ministerio de Justicia provincial.
Bonfatti, junto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, se reunirán este lunes a las 11.30 con los miembros de la Corte y luego recorrerán las nuevas salas de Audiencias y Oficinas de Gestión Judicial de la ciudad de Santa Fe. También estarán presentes el vicegobernador Jorge Henn; y los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi; y de Seguridad, Raúl Lamberto.
“En el nuevo enjuiciamiento penal, la víctima de un delito o sus familiares, convidados de piedra en el sistema anterior pues no eran parte del proceso, pasan a ocupar el centro de la escena, porque pueden convertirse en querellantes y recibir respuestas más rápidas y acordes a sus necesidades. Otra novedad es que los fiscales se encargan de investigar y los jueces sólo tienen por obligación resolver, en función de las pruebas y elementos aportados por el Ministerio Público de la Acusación y la defensa”, indicaron desde la provincia.
“Este histórico cambio reconfigura por completo la justicia de Santa Fe, poniéndola en consonancia con los principios que contiene la Constitución nacional y los tratados internacionales”, resaltaron. A su turno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, señaló: “De esta manera se salda una vieja deuda y se cumple con una asignatura pendiente que el Poder Ejecutivo asumió como política de Estado para articular con el resto de los poderes”.
Para el funcionario, “ahora todo el proceso se desarrolla públicamente, a la vista de las partes y de la ciudadanía en general. El secretismo del sistema escrito deja lugar a la transparencia y la lentitud del expediente es reemplazada por la agilidad de la oralidad y por nuevos procedimientos administrativos. Las personas pasan a ser protagonistas”.
“Esta transformación implica un profundo cambio cultural, un nuevo paradigma y una nueva distribución del poder”, señaló Lewis, al frente del Ministerio que ha sido órgano de implementación de la reforma. “Constituye una de las transformaciones institucionales más grandes en la provincia desde el retorno a la democracia”, subrayó el ministro.
“En el viejo sistema, denominado inquisitivo, el juez tenía un papel fundamental, excesivo, porque se encargaba de investigar, impulsar la causa y dictar sentencia. Ahora, sólo debe decidir en el marco de una audiencia oral. El fiscal, representante de los intereses sociales, establece en cada caso si lleva adelante la persecución penal o no, y si resuelve hacerlo, reúne la prueba, prepara su caso, presenta la acusación y la sostiene”, indicaron desde la cartera judicial de la provincia.
“El defensor, representante de los exclusivos intereses de su defendido, reacciona frente a la pretensión del fiscal. El tribunal se expide, luego de oír a las partes, y procurando que se respete la ley en todo momento del proceso. Para garantizar esta nueva dinámica, se dictaron leyes complementarias al nuevo Código de Procedimientos, entre ellas las que crean el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, los cuales nuclean a fiscales y defensores respectivamente”, continuó el comunicado.
Y siguió: “Además de estas instituciones, que pertenecen al ámbito judicial, se crearon otros organismos y reparticiones que suman funciones y desconcentran poder. Como los nuevos tribunales penales (ahora los jueces trabajan en colegios y no en juzgados, es decir que hay un pool de magistrados a quienes se les va asignando casos para que resuelvan) y la Oficina de Gestión Judicial, que organiza el sistema de audiencias y se encarga de todo lo administrativo. Por otra parte, el Ejecutivo creó cinco Centros de Asistencia Judicial (CAJ) a lo largo de la provincia para asistir a las víctimas en situación de vulnerabilidad. Los CAJ cuentan con oficinas de asistencia a la víctima y de mediación penal, un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales y permite alcanzar acuerdos reparatorios”.
Es que con el nuevo sistema, además de la tradicional sentencia “culpable o inocente”, es posible arribar a acuerdos y plantear salidas alternativas al juicio para una resolución del conflicto. “Este modelo es jurídicamente más acomodado, con mayor versatilidad para resolver más eficazmente el conflicto, y también aparece con herramientas nuevas”, indicó en este sentido Lewis.
Es que con el nuevo sistema, además de la tradicional sentencia “culpable o inocente”, es posible arribar a acuerdos y plantear salidas alternativas al juicio para una resolución real del conflicto. “Este modelo es jurídicamente más acomodado, con mayor versatilidad para resolver más eficazmente el conflicto, y también aparece con herramientas nuevas”, indicó en este sentido Lewis.
Fuente: prensa gobierno de Santa Fe.
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