El fiscal que investiga las amenazas a los funcionarios del Ministerio de Seguridad dijo que los autores del hecho afirman ser los mismos que participaron en el ataque contra la casa del gobernador y del asesinato de Luis Medina.
«Se nota que hay bastante conocimiento. Han dado referencias a vehículos, las amenazas se extienden a otras personas, y quienes la realizaron aseguran que son las mismas personas que participaron en el atentado al gobernador Antonio Bonfatti y el asesinato de (el presunto narco Luis) Medina», sostuvo este viernes el fiscal Jorge Baclini.
En declaraciones a LT8, el funcionario judicial dijo que el caso supone «cierta complejidad» y que quienes realizaron las amenazas demostraron «que tenían bastante conocimientos» de los movimientos del funcionario.
«Este hecho es muy grave desde el punto de vista institucional. Cualquier amenaza es grave por el temor que infunde, y en este caso están dirigidas a integrantes del poder político de la provincia», sostuvo Baclini.
Y añadió que «no se descarta ninguna hipótesis», incluso la que indica que los autores de las intimidaciones sean las mismas personas que estuvieron detrás del atentado al gobernador y el asesinato del empresario Luis Medina, ocurrido el 29 de diciembre pasado.
«Estamos trabajando en la cantidad de hipótesis que puedan surgir del texto amenazante. Habrá que ver qué motivaciones tuvieron», precisó.
Este jueves, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, brindó a la prensa detalles sobre la sucesión de incidentes: “Recibimos amenazas en mi celular y en el del secretario de Seguridad (Matías Drivet), amenazas muy serias haciendo referencia que no se sigan persiguiendo a determinadas personas que no se identifican”, explicó.
Las autoridades santafesinas relacionaron las nuevas amenazas recibidas en los teléfonos oficiales de funcionarios a la persecución judicial de bandas locales vinculadas a la narcocriminalidad, que se intensificó en los últimos meses.
Los mensajes de texto intimidatorios recibidos por Lamberto y Drivet se producen luego de que en octubre pasado fuera baleada la residencia particular de Rosario del gobernador Antonio Bonfatti.
También el juez de instrucción 4 de esta ciudad, Juan Carlos Vienna, que investiga a la narcobanda Los Monos, recibió amenazas de muerte el año pasado, recordaron fuentes oficiales.
Asimismo, precisaron que uno de los mensajes enviados al teléfono celular de Lamberto hacía referencia a los 14 tiros disparados contra la vivienda de Bonfatti y a la misma cantidad de disparos que recibió el presunto narco Luis Medina, asesinado el 29 de diciembre pasado en la zona sur de Rosario junto a su pareja la modelo Justina Pérez Castelli.
Además de los mensajes de texto, Lamberto contó que un automóvil Volkswagen Bora color negro “acompañó unos kilómetros” en la autopista Rosario-Santa Fe a un vehículo oficial que habitualmente utiliza el secretario de Seguridad Drivet.
“Aceleraba o disminuía la velocidad de acuerdo a la marcha del auto oficial, lo cual era claramente intimidatorio, hasta que en un momento se retiraron y luego se verificó la patente y era un auto robado en Mendoza”, dijo el ministro.
El hecho se produjo alrededor de las 3 de la madrugada del miércoles último, en la autopista Brigadier López a la altura de la localidad santafesina de Arocena, y en el vehículo oficial no viajaba Drivet sino dos directores de la cartera de Seguridad provincial, confiaron fuentes del caso.
“Estos hechos siempre son preocupantes, porque detrás de los anónimos se esconden hechos de violencia que nos afectan a nosotros pero también a toda la sociedad”, consideró Lamberto.
El funcionario provincial añadió que quienes enviaron los textos intimidatorios “se atribuyen haber sido los que perpetraron el atentado contra el gobernador y la muerte de Luis Medina”.
“Estamos ante un hecho que merece especialmente ser investigado y analizado”, abundó el titular de la cartera de Seguridad.
Lamberto radicó la denuncia este jueves, ante la fiscalía de turno en Rosario, mientras que Drivet hizo lo mismo pero en la ciudad de Santa Fe, donde reside.
“Esperamos que la investigación determine las responsabilidades, porque creo que esta es la sexta amenaza que se recibe”, concluyó Lamberto.
Ministro y secretario ya habían pasado por una situación similar en septiembre del año pasado, a poco de iniciarse la investigación del crimen del líder narco Claudio «Pájaro» Cantero, identificado como jefe de la banda «Los Monos».
Repudio y solidaridad
En su ronda diaria ante la prensa, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, repudió este jueves las amenazas a funcionarios de Santa Fe, manifestó su solidaridad con los afectados y sostuvo la «firme voluntad de luchar duramente contra el flagelo, a través de todas sus formas».
El funcionario recordó que se firmó un convenio con la provincia a los efectos de garantizar un «apoyo adicional en la lucha contra el narcotráfico».
Resaltó luego los «inconvenientes» que viene sufriendo Santa Fe por «el número de homicidios que se observan en forma sistemática y los índices de inseguridad pública».
El funcionario señaló que «altas autoridades de la policía de la provincia fueron involucrados en causas judiciales y detenidos, y por lo tanto objetivamente se ha observado connivencia de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, de acuerdo con las actuaciones judiciales».
En ese sentido, Capitanich destacó las acciones del gobierno nacional de combate al narcotráfico desde una perspectiva integral, empezando por el «fortalecimiento institucional» de la secretaría específica (Sedronar) para «optimizar estrategias de prevención de adicciones, no solo de estupefacientes sino de alcohol y otros productos que perjudican la salud».
El jefe de Gabinete detalló que «se propicia la construcción de 40 centros de día en todo el país; la ampliación de mecanismos de atención al adicto; estrategias de prevención con carácter social; infraestructura deportiva; y el ejercicio pleno de la función educativa, con participación amplia de entidades religiosas y no gubernamentales».
Capitanich mencionó también la coordinación en el debate asociado a la ley de estupefacientes, en lo referido a los delitos de menor cuantía, donde algunas provincias solicitaron adaptarse a las pautas establecidas en Buenos Aires.
Por otra parte, el funcionario dijo que «la Justicia federal debe intervenir, analizando con el ministerio respectivo, la perspectiva de creación de secretarías específicas de narcotráfico para fortalecer la acción judicial».
«Tenemos también una coordinación en materia de defensa y seguridad, con la expansión del uso de radares primarios para detectar vuelos de carácter ilegal o irregular», agregó.
Capitanich recordó que, gracias al aporte de la empresa estatal rionegrina Invap, se pudo expandir la instalación de radares, que eran ya son 26 para cubrir el 95 por ciento de las rutas aéreas y el 60 por ciento del territorio nacional.
El jefe de gabinete destacó por último las acciones de monitoreo en la circulación fluvial, y los controles fronterizos y territoriales.
Fuentes: Télam.
Auto oficial bajo asedio en la autopista
