El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este viernes al ex juez federal de esta ciudad, Victor Brusa, a 7 años de prisión, a los policías Eduardo «Curro» Ramos y Juan Perizotti, a 9 y 8 años de prisión, respectivamente, y a la ex carcelera María Eva Aebi, a 5 años de prisión, como coautores del delito de «asociación ilícita».
Los sentenciados fueron juzgados por el delito de asociación ilícita en perjuicio de 14 personas, en hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar. El cuerpo judicial estuvo integrado en esta ocasión por Lilia Carnero, de Paraná, y Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, ambos de Rosario.
La expectativa era muy grande en la sede del Tribunal, ubicado en el microcentro santafesino, donde se congregó mas de un centenar de personas que cortaron la calle Primera Junta, portando banderas y pancartas de Madres de Plaza de Mayo, Hijos y los gremios ATE y Amsafe, Agrupación Evita, Frente Estudiantil de Trabajo Social, Asociación Ex presos Políticos, Verdad y justicia por Silvia Suppo, entre otros.
De acuerdo a la sentencia, el ex juez Brusa fue condenado a 7 años de prisión como coautor del delito de asociación ilícita, unificándose la condena en 22 años de cárcel, ante la sentencia anterior de este mismo tribunal por delitos cometidos durante la dictadura militar.
En tanto, los policías Ramos y Perizotti, recibieron por el mismo delito las condenas de 9 años y 8 años, siendo unificadas sus penas en 24 años y 23 años de prisión, respectivamente.
Finalmente, la penitenciaria María Eva Aebi tuvo una condena de 5 años de prisión, como coautora de asociación ilícita, unificándosele la condena en 20 años de prisión.
La presidenta del Tribunal en este juicio, la jueza Carnero, puso de relieve que «los delitos fueron en el marco de un genocidio».
El abogado querellante Eduardo Muné dijo que «este grupo tenía un actuar coordinado, cada uno con un rol importante en los secuestros, en garantizar la impunidad, en tener cautivas a las personas, y en los pases de información». «Es notorio que el plan colectivo se hizo a través de una asociación ilícita y por eso fueron condenados», aseguró, y agregó que «debe haber muchos más que no son conocidos y que no fueron juzgados, otros que fallecieron antes de recibir condena y otros que están siendo acusados».
Por su parte, abrazadas y con lágrimas en los ojos, Anatilde Bugna, Stella Vallejos y Patricia Traba, ex presas políticas, torturadas y que forjaron una amistad durante su detención en 1977, expresaron que «se hizo justicia, estamos muy conformes, esperamos mucho tiempo y si bien el dolor seguirá estando, esto nos fortalece».
«Estamos muy agradecidas a nuestros abogados, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que siempre nos apoyó y querelló con nosotros. Lo importante es demostrar que lo que dijimos durante 37 años era verdad y salió a luz como actuaron estos genocidas y como sufrimos nosotras», expresaron finalmente.
En tanto, Otilia Acuña, de 92 años, integrante de Madres de Plaza de Mayo, a quien le asesinaron a su hija delante suyo y de un pequeño hijo, dijo estar «muy contenta, a mi hija fue una patota a casa a asesinarla, no simplemente a buscarla, y a mi me apuntaron con una pistola en la cabeza». «Yo les pedí por favor que no la mataran porque tenía un niño pequeño y casi nos asesinan a todos», comentó, y agregó que «esperé mucho tiempo este día, se hizo justicia, era lo que ansiaba, por el recuerdo de mi hija. Ahora tengo un poco de paz», puntualizó.
En la «causa Brusa», primer juicio al que fue sometido, el ex juez federal recibió 21 años de cárcel, en tanto Ramos fue condenado a 23 años, Perizzotti a 22 y Aebi a 19, por privación ilegal de la libertad y tormentos a presos políticos, entre otros delitos. En ese proceso fueron condenados también los ex comisarios Héctor «Pollo» Colombini (23 años) y Mario Facino (20 años), ambos ya fallecidos.
Esa sentencia quedó firme el 19 de marzo del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró «inadmisible» un recurso presentado por la defensa de Brusa, en una resolución de sólo siete líneas firmada por los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. Ese fue el primer juicio oral y público que se desarrolló en la provincia de Santa Fe por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
«Anhelamos y pedimos que nos digan la verdad»
Patricia Traba, una de las querellantes en el juicio, dijo ante el Tribunal Oral Federal, poco antes de conocerse la sentencia, que anhela y pide que los acusados en la causa digan «la verdad». En declaraciones a la agencia Télam, Traba dijo que el juicio cuya sentencia se conoció «es la culminación de un esfuerzo muy largo, colectivo, no solo las querellantes hemos puesto mucho empeño, sino toda la gente que nos acompaña, los abogados, testigos,los miembros del tribunal».
«Si bien estos juicios deberían haberlos realizado mucho antes, hoy se desarrollan en un maro adecuado», indicó y agregó que «finaliza una larga etapa, hoy es la última instancia con réplicas, y nuestros abogados se referirán a algunos planteos de la defensa de los imputados y estos tendrán la oportunidad de hacer uso de la palabra y decirnos lo que tanto anhelamos y pedimos, la verdad».
«Verlos cara a cara no es fácil, ellos abonaron a un proyecto de país que no es el nuestro, inevitablemente volvemos hacia la época en que fuimos prisioneros, torturados por ellos; ojalá algún día podamos decir que esta etapa se terminó», aseguró.
Dijo que «estaremos conformes si les dan el máximo de pena, esto es terrorismo de Estado, fue un sistema perverso, adonde la gente que integraba las denominadas `patotas` tenía doble inserción, por un lado en la fuerza y por otro, conformaban asociaciones ilícitas».
Por su parte, el abogado de la querella, Guillermo Muné, indicó que «llevar a juicio por segunda vez al ex juez Brusa es haber quebrado con la impunidad de quien se creía eternamente al margen de dar cuenta en la justicia por ser juez federal» y agregó «durante la democracia tenía altísimo poder para amedrentrar a sus víctimas de la dictadura». «Son un grupo de genocidas, queremos el máximo de la pena, son crímenes de los mas espantosos. No se nos ocurre una asociación
ilícita mas grave que la que integraron esta gente», agregó.
