Capitanich, advirtió que de no suspenderse la sentencia dictada por Griesa que frenó el pago a los bonistas, podría disparar «un pasivo enorme» para Argentina, y dijo que este asunto es «una cuestión emblemática y trascendente que debe ser respetada».
El grupo de entidades bancarias y financieras que realizan el pago de la deuda argentina a los acreedores fue convocada por el juez neoyorquino a fin de que este le aclare el alcance de su decisión de ponerle un cepo al pago de esa deuda.
El juez de Nueva York también invitó a la reunión de este martes a la entidad de bonistas europea denominada Euro Bolndholders, que ya entabló un proceso en Bélgica contra los bancos y financieras sobre los que pesa el cepo, y que advirtió que seguirá el camino legal en Inglaterra si no cobra el 31 de julio.
Además, estarán presentes los abogados que representan a la Argentina del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, todos con la expectativa de que el magistrado reponga el amparo para evitar el incumplimiento del pago a los bonistas y poder seguir negociando con los hodouts.
En ese contexto, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich destacó este lunes la importancia de que se generen los mecanismos para impedir que acciones como las de los fondos buitre puedan afectar reestructuraciones de deudas soberanas de países, y en ese marco consideró que sería bueno «a futuro» que este aspecto sea motivo de debate en el marco de la Asamblea General de la ONU.
«El sistema financiero internacional debe garantizar la sustentabilidad a partir de un sistema de aprobación de mayorías que no pueda ser modificado por jueces», dijo el jefe de ministros en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
En ese sentido, el funcionario consideró que «esta norma hacia el futuro implica un debate en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas y un acuerdo para aprobar estos mecanismos».
Agregó que el acuerdo debería tener en cuenta para los casos de procesos de reestructuración de deudas soberanas que «lo acordado por la mayoría sea obligatorio para el resto y que no exista ventaja para la acción compulsiva» de otros acreedores.
En este marco, destacó la importancia de los apoyos recibidos por Argentina de diferentes países y organizaciones internacionales.
«Una gran mayoría de países manifestaron su preocupación» por el accionar de los fondos buitre, resumió, y reiteró que Argentina «paga sus obligaciones» y que «de ningún modo puede tomarse como un default técnico» la situación creada a partir de la sentencia de la justicia de Estados Unidos respecto al reclamo de los holdouts.
Capitanich dijo también que Argentina pretende proteger el acuerdo voluntario que firmó el 93 por ciento de los acreedores e insistió en que el país «promueve el diálogo» con el resto de los acreedores que no firmaron el acuerdo.
Agregó que «cuando Argentina establece las condiciones de negociación, lo hace para el 100 por ciento de los bonistas», y explicó que lo que pide Argentina a la justicia de Estados Unidos es «un proceso de suspensión de la sentencia para no propiciar alteraciones sobre el acuerdo ya firmado con la mayoría de los acreedores».
El jefe de ministros advirtió que de no suspenderse la sentencia, podría disparar «un pasivo enorme» para la Argentina, y dijo que por eso este asunto es «una cuestión emblemática y trascendente que debe ser respetada».
Por eso, dijo, «la posición argentina es extremadamente profesional y de buena fe», y señaló que «los que tienen mala fe son los fondos buitre, que pretenden una sentencia que tiene un efecto respecto al resto de los bonistas que adhirieron al canje».
