Abogados querellantes pidieron este viernes prisión perpetua para «Caramelo» Altamirano y 25 años en cárcel común para los restantes 9 acusados en el juicio Feced II, por delitos de lesa humanidad. Se analizan 43 casos de víctimas del Terrorismo de Estado.
Los abogados de la agrupación Hijos, de la Secretaría de Derechos Humanos nacional y de cinco querellantes particulares en el juicio oral Feced II por delitos de lesa humanidad, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario, pidieron este viernes durante su alegato la pena prisión perpetua para uno de los ex policias acusados, y 25 años para los restantes nueve imputados.
Los abogados Nadia Schujman, representante de Hijos y de cinco víctimas del terrorismo de Estado, y Santiago Bereciartúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, concluyeron este viernes con su alegato conjunto ante el TOF2, que habían iniciado en la audiencia del día anterior.
“Todos estos constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”, señaló Bereciartúa al finalizar la exposición.
El juicio oral por la segunda parte de la causa “Feced” tiene a diez ex policías rosarinos como imputados y se investigan los casos de 43 víctimas, que en su mayoría pasaron por el centro clandestino de detenciones que funcionó en los primeros años de la dictadura en la Jefatura de Policía, entonces ubicada en Dorrego y San Lorenzo.
Los representantes de la querella pidieron prisión perpetua para Carlos Ulpiano Altamirano, alias Caramelo, acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y violencia; tormentos y asociación ilícita “en concurso real con el delito de homicidio agravado por alevosía”.
En tanto, solicitaron al tribunal una pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta con cumplimiento efectivo en cárcel común para los restantes acusados, quienes no están imputados por homicidio.
Se trata de José Rubén Lo Fiego, alias “El Ciego” o “Menguele”; Ricardo José Torres; Lucio César Nast, alias “Ronco”; Julio Fermoselle, apodado “Darío”; Telmo Alcides Ibarra; Ovidio Olazagoitía, alias “Vasco”;
Pedro Travagliante; Ernesto Vallejos, apodado “Managua”; y Ernesto Dugour, alias “Picha”.
Los abogados solicitaron para ellos 25 años de prisión al encontrarlos penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos “agravado por ser las víctimas perseguidos políticos”, en concurso real con asociación ilícita también agravada.
Los acusados conformaron durante los primeros años de la última dictadura “la patota” que operó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía local, donde funcionó el mayor centro clandestino de la zona sur de Santa Fe.
Schujman dijo que las declaraciones de los imputados dejaron “en claro a todos los que los escuchamos su convicción ideológica, su falta de arrepentimiento, su orgullo, podríamos decir, acerca de los crímenes que cometieron”.
“Sin embargo –agregó- no tienen la valentía para reconocerlos, llamativa cuestión si es que están tan seguros de haber salvado al país y convencidos que pelearon una guerra, sosteniendo la teoría de los dos demonios”.
Los querellantes enfatizaron que “el entramado económico y civil de la última dictadura es algo sobre lo que de a poco se está avanzando también en este país -tal son los casos de la Ford, Papel Prensa, Massot, Blaquier- lo cual, sin embargo, no cambia ni morigera en nada la responsabilidad de cada uno de los imputados en estos hechos”.
