Capitanich calificó como “desafortunada, incorrecta y hasta imperial”, la declaración del juez Thomas Griesa en que tildó de “ilegal” el proyecto de ley de pago soberano que impulsa el gobierno argentino. “Son de injerencia indebida las declaraciones de un magistrado de otro país respecto de la soberanía de la Argentina», expresó el jefe de Gabinete.
“El Congreso obviamente tiene las atribuciones para resolver lo vinculado a la deuda interior y exterior de la Nación, por lo tanto las leyes tienen legitimidad porque son votadas por los representantes del pueblo”, afirmó el funcionario.
Capitanich sostuvo además que “lo importante es que la República Argentina ha tomado una decisión: en primer lugar, enviar el proyecto de ley de pago soberano y propiciar el cambio del agente fiduciario, en virtud que el designado incumple sus obligaciones. En segundo lugar, es un cambio de lugar de pago no de jurisdicción, lo que permite garantizar que el tenedor puede cobrar en la República Argentina”.
En las últimas horas de este jueves, luego de la audiencia llevada adelante por el juez Griesa en Nueva York, el Palacio de Hacienda difundió un comunicado de prensa.
Allí sostiene que «mientras mantiene su insólita posición de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, el juez responde al pedido de los fondos buitres y llama a una audiencia para debatir sobre un supuesto desacato de la República”.
“Además, en un nuevo exceso de jurisdicción y desconocimiento de la soberanía, Griesa opinó sobre la ilegalidad de un proyecto de ley que ni siquiera comprendió en toda su extensión (al desconocer elementos centrales del mismo), y que fue enviado para su tratamiento en el Congreso de la Nación, como debe ser en todo Estado democrático», agrega el texto.
La cartera de Economía expresa además, que «el hecho de declarar «ilegal» a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas”.
“No le bastó con bloquear el cobro a los tenedores que ingresaron a los canjes excediéndose en sus atribuciones y abusando de su jurisdicción –añade el escrito–. No le bastó con sembrar la confusión con su sentencia y sus órdenes contradictorias. Pretende ahora, a pedido de los fondos buitres, imponer condiciones al Congreso, máximo órgano legislativo de la Nación».
«Sería mucho más constructivo que el Juez Griesa leyera los fundamentos y el proyecto de ley en forma completa para aclarar así muchas de la confusiones que ha exhibido en las últimas audiencias», señala el comunicado.
Y afirma que «el Juez Griesa continúa inmovilizando los fondos con el único propósito de forzar a la República Argentina a pagarle a los fondos buitres. Asimismo, insiste en presionar a la República Argentina para que realice ofertas en violación de sus leyes y de sus contratos, y con el riesgo de que se dispare la Cláusula RUFO».
Además, expresa el comunicado, el Juez insiste «en que la República Argentina debe negociar, y se niega a ver que en realidad quienes no negocian son los fondos buitre. Por eso son buitres, porque no negocian. Lejos de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las partes, el Juez sólo busca favorecer a los fondos buitre».
«La Argentina continúa trabajando para generar condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para honrar sus deudas con el 100 por ciento de sus acreedores», aclara por último.
