«No vaya a ser que el ladrón persiga al juez», graficó Rubeo al comentar la situación suscitada por Coto Cicsa, que suspendió a 150 trabajadores por estar en desacuerdo con la ley de descanso dominical y que obligó al dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia.
Mediante el pedido, Rubeo quiere saber «cantidad y ubicación de establecimientos comerciales con los que cuenta Coto en la provincia de Santa Fe; y las dimensiones de los locales, a fin de determinar si existen violaciones a las disposiciones de la ley número 12.069 de grandes establecimientos comerciales».
El proyecto, también, solicita conocer «si dicha empresa cuenta con algún tipo de subsidio o exención impositiva por parte del gobierno provincial; cantidad de empleados contratados y condiciones de contratación laboral; como así también comprobantes de pago al día de recaudos laborales».
«Lo que pretendemos es conocer la situación real de la empresa en la provincia, para ello vamos a pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto, porque no vaya a ser que el ladrón persiga al juez», indicó Rubeo.
Para el titular de Diputados, las suspensiones que Coto anunció el martes fueron «una barbaridad, falta de ética e intento de apriete».
«Si bien estas cadenas generan puestos de trabajo, también es cierto que con su crecimiento han llevado a la quiebra a muchos pequeños y medianos comerciantes, funcionando como grandes aspiradoras de los recursos de la provincia, ya que se llevan millones de pesos y no tributan en Santa Fe», añadió.
Sobre las intenciones de Coto con las suspensiones, opinó que «no hay dudas de que esto es una extorsión sobre los legisladores para que no se vote la iniciativa» sobre descanso dominical.
