Si bien, una de las trincheras más importante donde resiste el neoliberalismo es la Justicia, la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad destacó los avances en la investigación de la complicidad de los empresarios con la última dictadura cívico militar.
La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad destacó entre los avances, el pedido de indagatoria a gerentes en la causa Mercedes Benz y el procesamiento de un ex directivo de la revista Para Ti. Las causas por delitos de lesa humanidad que involucran a civiles “poseen particularidades específicas” y exigen un «seguimiento minucioso», puntualizó además un informe de ese organismo encabezado por el fiscal general Jorge Auat, divulgado este martes por el sitio de noticias www.fiscales.gob.ar.
El informe detalla que en noviembre, «la Procuraduría realizó tareas de coordinación con diversos actores para formular el pedido de indagatoria de los directivos en la causa ‘Mercedes Benz’, llevado a cabo por el Ministerio Público Fiscal de San Martín».
Los fiscales Miguel Ángel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti solicitaron al juez la indagatoria de dos gerentes, Rubén Cuevas -a cargo de Asuntos Jurídicos- y Juan Tasselkraut -encabezaba el área de Producción en la terminal de la Argentina-, por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad, tormentos y el homicidio de trabajadores que integraban la comisión interna gremial de la fábrica durante la última dictadura cívico-militar.
La procuraduría colaboró, a su vez, en el seguimiento de la causa en la que se investiga la desaparición forzada de Juan Carlos Casariego de Bel, al parecer relacionada con la fraudulenta estatización de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad S.A.
En ese expediente se encuentra imputado Walter Klein, quien integró el equipo de José Alfredo Martínez de Hoz y fue uno de sus principales colaboradores cuando éste estuvo al frente del Ministerio de Economía.
Tras la apelación del fiscal Ramiro González, la Cámara Federal de Buenos Aires revocó el sobreseimiento dictado por el juez federal Norberto Oyarbide y ordenó profundizar la investigación contra quien secundó a Martínez de Hoz como secretario (viceministro) de Programación y Coordinación Económica.
Otro avance mencionado en el informe de la Procuraduría, fue el procesamiento de Agustin Juan Bottinelli, quien era jefe de Redacción de la revista Para Ti, de Editorial Atlántida, por publicar en 1979 una entrevista falsa a la madre de un desaparecido mientras estaba estaba detenida en el centro clandestino de la ESMA.
El juez Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, consideró a Bottinelli responsable del delito de «coacción» previsto en el artículo 149 bis del Código Penal. Otro punto a destacar es que es la primera vez que un periodista debe afrontar cargo legales en una causa por crímenes de lesa humanidad por utilizar sus artículos como herramienta de propaganda del terrorismo de estado.
Además, la Procuraduría está analizando la responsabilidad empresarial en las violaciones a los derechos humanos sufridas por trabajadores yerbateros del Establecimiento Las Marías, en Corrientes.
En este caso, requirió a la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) de la Procuración General la colaboración en el análisis técnico-económico de varios expedientes en trámite ante el Juzgado Federal de la ciudad correntina de Paso de los Libres.
En 1977, fueron secuestrados los obreros rurales Marcelo Peralta y Neris Pérez y detenidos ilegalmente otros empleados de la tradicional firma yerbatera. En 2008, la justicia imputó a su accionista y directivo Adolfo Navajas Artaza pero al poco tiempo el juez federal Antonio Chalup lo sobreseyó en un expediente donde se inhibieron 18 magistrados que se negaron avanzar en la investigación.
A su vez, la Procuraduría en coordinación con la Ofinec promovió un taller de capacitación para operadores judiciales sobre herramientas para pesquisas donde estén implicados grupos económicos en delitos de lesa humanidad.
Además, la Procuraduría y los fiscales y funcionarios del Ministerio Público participan en conjunto en la causa “Ledesma”, en la que los fiscales Javier de Luca y Ricardo Wechsler solicitaron a la Sala IV de la Cámara de Casación penal que rechace las pretensiones de las defensas y confirme los procesamientos del ex presidente de la empresa, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y de su ex administrador, Alberto Enrique Lemos.
Blaquier y Lemos están imputados en dos causas por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 víctimas, entre trabajadores y vecinos del ingenio azucarero Ledesma de Jujuy, el mayor del país.
En el informe, también se enumera que tras relevamiento de casos de víctimas de violencia sexual dentro del centro clandestino de detención Atlético-Banco-Olimpo, realizado por la Procuraduría y remitido el 21 de octubre del 2014 al fiscal Federico Delgado, el 11 de noviembre el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un escrito solicitando que se cite a prestar declaración indagatoria a 22 imputados.
En ese sentido, el organismo encabezado por Auat elaboró un documento sobre el avance del juzgamiento de la violencia sexual, a pedido de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería argentina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe presentar un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), organismo internacional que había recomendado en 2013 que se adoptasen medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar estos casos.
Mientras un sector de la Justicia avanza a paso firme en favor de los intereses de las mayorías, otro es uno de los ancla al cual se aferran los grupos concentrados.
Fuente: Infojus Noticias
