Foto: Manuel Costa.
Foto: Manuel Costa. 

El diputado provincial Eduardo Toniolli presentó un pedido de informes sobre supuestas irregularidades en el Plan Abre donde se habrían realizado “obras millonarias adjudicadas por gestión directa por el gobierno de Bonfatti”, cuando deberían hacerse a través de “licitaciones públicas”.

En la mañana de este miércoles, el legislador provincial del Frente para la Victoria, Eduardo Toniolli, denunció “la recurrencia del Ejecutivo Provincial en saltearse los mecanismos de contratación de servicios o de compras de bienes que imponen las leyes de la administración o la Ley de Emergencia en Seguridad”.

Por ese motivo y en el marco del Plan Abre que impulsa el gobierno provincial, Toniolli presentó un pedido de informes que apunta a esclarecer el entramado de “obras millonarias adjudicadas por gestión directa por el gobierno de Bonfatti, con la excusa de la aplicación de la Ley de Emergencia en Seguridad”, en la que “los montos sobrepasan enormemente los permitidos por esa norma, y deberían adjudicarse por medio de licitaciones públicas”.

El diputado provincial sostuvo que la Ley de Emergencia en Seguridad “pone como tope para las gestiones directas los 150.000 pesos, y la Ley de Contabilidad los 200.000, además de prohibir que las erogaciones mayores a los 400.000 se realicen por otro mecanismo que no sea la licitación pública, salvo que puedan justificarse circunstancias imprevisibles, como una catástrofe natural que impida por su urgencia la realización de otro procedimiento”. Toniolli además agregó: “Aún estamos esperando la respuesta a un pedido de informes aprobado por unanimidad en la cámara el año pasado, en la que cuestionábamos la compra directa de dos camiones hidrantes por 6.600.000 pesos”.

“Ahora nos encontramos que el gobernador Bonfatti habilitó, por medio del Decreto Nº 1940 del 4 de setiembre del año pasado, inversiones millonarias realizadas por la Secretaría de Hábitat en el marco del Plan Abre sin licitación alguna y sin el contralor del Registro de Licitadores (que lleva los antecedentes y constata la capacidad de las empresas), todo ello sin justificar de manera racional cuales son las circunstancias «imprevisibles» que lo llevaron a ello”, señaló Toniolli.

“Estamos hablando de inversiones por 292 millones de pesos, con fondos provinciales y nacionales, adjudicados de forma directa por un gobierno que dice tener uñas cortas y manos limpias, pero utiliza mecanismos que facilitan la corrupción, el desvío de fondos y los favores a empresas amigas», dijo Eduardo Toniolli.

Algunas de las firmas beneficiadas a través de esas adjudicaciones directas fueron la empresa Epreco SRL con la construcción de 191 viviendas ; también Dycasa SA (ex concesionaria de la autopista Rosario – Santa Fe) con la construcción de 134 viviendas y a Inar Vial SA la pavimentación del acceso del popular barrio santafesino Alto Verde. “En todos los casos, las ofertas se encuentran entre un 15 por ciento y un 20 por encima del presupuesto oficial y a todas las empresas se les otorgó un 20 por ciento de anticipo financiero”, indicó Toniolli.

Por último, el diputado provincial por el Frente para la Victoria exigió “que se nos informe inmediatamente si en todas las contrataciones directas realizadas o en trámite en el marco del Plan Abre se efectuó la comunicación previa a los organismos de contralor, como dispone la Ley de Contabilidad, y si es así solicitamos que se nos envíe los informes emitidos en cada caso, respecto de la justificación de la urgencia para la compra directa».

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