El Movimiento Evita denunció que la comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez y la fiscalía que intervinieron en la desaparición de una menor faltaron al cumplimiento de protocolo que rige para esos casos.
Alrededor del mediodía del pasado jueves 2 de abril faltó de su domicilio Florencia Ocaño, una joven de 15 años. La madre realizó la denuncia pertinente en la comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez. “Estos últimos no notificaron con inmediatez a la fiscalía correspondiente”, denunciaron desde el Movimiento Evita, quienes afirmaron que dicha notificación fue realizada recién al viernes siguiente.
La joven fue encontrada el sábado por la tarde, en barrio Tablada tras la intervención de las fuerzas nacionales, pero “tanto la fiscal interviniente, Gabriela Bassagaisteguy, como de la comisaría 26, no brindaron información a los familiares de la joven, hasta ese momento desaparecida, como refiere el protocolo”, sostuvieron desde el Evita en un comunicado difundido este domingo.
En el escrito advirtieron que en la reunión mantenida con el fiscal general Baclini y la fiscal en turno subrogante Gabriela Bassagaisteguy en el Ministerio Público de la Acusación, “el fiscal general nos dice que no alcanzan a cubrir las denuncias porque hay pocos fiscales. La misma situación de falta de personal nos plantea la comisaria 26 de VGG. Entre la policía y la fiscalía sin personal quedan las personas sin acceso a la justicia”.
“En los últimos años, y tras el caso de Marita Verón, el delito de trata se ha visibilizado de una forma triste. Es por eso que las primeras horas de la desaparición misteriosa de una menor son de vital importancia”, agrega el escrito.
“Debido nuestra experiencia sabemos que se comienza a denigrar, se prejuzga a la víctima por su condición de mujer dando lugar a comentarios desafortunados que retrasan el avance de la investigación. Los casos de desapariciones de mujeres también pueden convivir ampliamente con hipótesis de delitos sexuales y femicidio, por lo que es necesario obrar con suma urgencia y diligencia también respecto de esta línea de investigación”, fundamenta.
En ese sentido, sostiene que “la búsqueda de personas por parte del Estado debe enmarcarse en los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, en particular el deber de investigar efectiva y adecuadamente las desapariciones de personas y determinar si éstas han sido víctimas de algún delito contra la vida, la integridad física, la integridad sexual o la libertad (artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos)”.
“Por tal motivo, exigimos la plena implementación del protocolo por desaparición de personas por parte de los fiscales y comisarías intervinientes, así también el total acceso a la justicia de todas y todos”, concluye el escrito.
