La comisión de Finanzas del Parlamento belga aprobó el proyecto de ley que tiene por objeto limitar los derechos de acreedores que buscan ganancias ilegítimas como es el caso de los fondos buitre. La norma está destinada a cubrir no a un tipo particular de deudores, sino a todos los Estados endeudados. El proyecto está basado en el caso de reestructuración de deuda argentino.
El proyecto, presentado por el diputado del Partido Socialista belga Ahmed Laaouej, otorga nuevas armas a la Justicia local para luchar contra las prácticas inmorales de los buitres, limitando sus derechos sobre los Estados deudores.
Bélgica ya cuenta con una ley antibuitre, impulsada luego de 2001 cuando la Justicia de ese país favoreció al fondo NML Capital y puso en riesgo un proceso de reestructuración peruano.
El país europeo buscó así resguardar su posición en los mercados internacionales y, fundamentalmente, proteger a empresas como Euroclear, la firma encargada de procesar una porción de los pagos de los vencimientos de deuda argentina.
Ahora, busca ampliarse esa legislación a todos los particulares y Estados que estén en proceso de reestructuración de sus deudas.
Un marco legal
En una conferencia sobre el Proceso de Desendeudamiento Argentino y el Accionar de los Fondos Buitres a nivel Global organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bruselas, el canciller argentino, Héctor Timerman, advirtió que «los fallos de las Cortes de Nueva York, como por ejemplo, el de NML contra Argentina, han sentado un precedente que imposibilitará las reestructuraciones de deuda soberana con acreedores privados de aquí en adelante».
En ese sentido, sostuvo que «es necesario un marco legal multilateral para la reestructuración ordenada, eficiente y a tiempo de las deudas soberanas».
«No es sólo Argentina, sino también el FMI, premios Nobel como Joseph Stiglitz, e incluso los tesoros de países como Estados Unidos y Francia, entre otros, quienes llegaron a una misma conclusión», remarcó Timerman en la conferencia brindada este miércoles, previo al inicio de la Segunda Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).
Del mismo, que estuvo conducido por el embajador argentino ante la UE, Hernán Lorenzino, participaron también George Dassis, presidente del Grupo Sindical del Comité Económico y Social Europeo; y Antonio Gambini, un experto en financiamiento al desarrollo de la ONG belga Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo CNCD, entidad involucrada directamente en la elaboración del proyecto de ley en Bélgica que busca terminar con el accionar de los fondos buitres.
«Por qué razón los acreedores privados aceptarían una reestructuración de deuda si tienen como alternativa cierta recibir mejores términos por vía judicial a expensas de la mayoría de acreedores que aceptaran voluntariamente los términos ofrecidos en la reestructuración», subrayó Timerman.
También puntualizó el hecho de «por qué razón los acreedores aceptarían una reestructuración si el cobro de los créditos reestructurados puede ser tan fácilmente impedido por el accionar de los fondos buitres».
Indicó que «a diferencia de una empresa privada, un Estado no puede cesar sus actividades y liquidar sus activos ante una situación de insolvencia; debe continuar y para ello debe poder reestructurar sus deudas».
Consideró que «la actividad de un tercero, se trate de fondos buitres o Estados a través de decisiones judiciales o administrativas, obstruyendo o impidiendo a otro Estado reestructurar sus deudas, implica una violación inadmisible al principio de soberanía estatal».
Sin embargo, remarcó que «no existe en el ámbito internacional un régimen de reestructuración de deudas soberanas que ponga límites al accionar de los fondos buitres y a los abusos de derecho en los que han incurrido las Cortes de Nueva York y otros tribunales».
A su criterio, «un marco legal multilateral imbuido de principios generalmente aceptados e incluidos en las leyes de quiebras de la mayoría de los países, debiera determinar que los términos de un acuerdo alcanzado por un Estado soberano con la mayoría de sus acreedores sea legalmente vinculante también para los demás acreedores».
Timerman puso de relieve que «la necesidad de poner un freno a los buitres es sistémica en términos de necesidades básicas del funcionamiento del sistema capitalista, que requiere que las deudas sean reestructuradas».
«Sin embargo, también se trata de una necesidad de carácter eminentemente político. Es por eso que estamos convencidos que el foro adecuado para tratar este tema es Naciones Unidas», concluyó el canciller.
Fuente: Télam
