Un grupo de más de treinta pequeños productores campesinos del departamento 9 de Julio, en el norte de la provincia, resistió pacíficamente el intento de desalojo de una familia. “Ni los operativos contra el narcotráfico tienen estas características”, señalaron los damnificados.
El pasado domingo 20 de septiembre una familia de productores rurales radicada en un campo a 35 kilómetros de Gato colorado, muy lejos de los tractorazos pro devaluación, resistió un nuevo embate de la mafia judicial – inmobiliaria que quiere quedarse con sus tierras. Los Barberis habitan y trabajan, desde hace tres generaciones, un terreno de 208 hectáreas en la zona conocida como «El Palmar». En agosto de 2012 su campo fue rematado en los tribunales de Tostado por 68.000 pesos mientras que el valor real de la propiedad superaba en aquel entonces el millón de pesos. Desde ese despojo, avalado por la justicia santafesina, los Barberis junto a otros pequeños productores de la zona resisten como pueden la amenaza de desalojo. El aparato represivo estatal santafesino al servicio de la concentración de la tierra se hizo presente en el predio de los Barbieri con 150 efectivos aproximadamente a las ocho de la mañana del domingo. El sorprendente mega operativo incluyó efectivos de la Policía y personal de Bomberos Seccional Vera y 9 de Julio, Guardia Rural Los Pumas, ambulancias, Infantería y efectivos de las Tropas Especiales de Operaciones (TOE) procedentes de la ciudad de Rosario. Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar en patrulleros, trafics y camiones de asalto. Además, si bien no se hizo presente en el lugar, se conoció que en la localidad de Tostado se habría encontrado apostado un helicóptero.
Los hechos
Desde las 22 del sábado 19 de septiembre las familias de campesinos se apostaron en el campo de Barberis con el fin de evitar el desalojo. Cruzaron un tractor en la tranquera de ingreso y le sacaron una rueda para de esa manera impedir el ingreso de los vehículos policiales que comenzaron a patrullar la zona desde la madrugada del domingo y a las pocas horas inciaron un operativo cerrojo sobre todos los caminos aledaños al campo imposibilitando la circulación, el ingreso y la salida de cualquier vehículo.
El operativo intentó desalojar a la familia de Cacho Barberis, que preside la Asociación Civil de Campesinos de los departamentos Vera y 9 de Julio y que son representados por el letrado Iván Bordón. Las fuerzas mencionadas anteriormente, con escudos, cascos, armas, formaron a diez metros de la vivienda y los jefes de cada una de las fuerzas presentes acompañaron al Juez Federico Nicola hasta allí para informar a los campesinos que iban a llevar a cabo el operativo de desalojo.
Por su parte, los campesinos allí presentes junto al abogado Iván Bordón y militantes de la CTA de los Trabajadores de la ciudad de Rafaela, entre ellos su Secretario General Juan Soffietti, cercaron la vivienda de Barberis con los autos y camionetas con los que contaban y se ubicaron dentro de dicho cerco para impedir el ingreso a la vivienda y resistir pacíficamente el desalojo, fotografiando y filmando los hechos.
La negociación
Luego de que el Juez Federico Nicola (conocido por defender los intereses de los abogados Adrover y Levi, quienes vienen apropiándose desde hace años de la mayoría de las tierras) leyera la orden de desalojo, el abogado d Bordón denunció la ilegalidad e irregularidad del operativo y señaló que la medida que se estaba tomando era ilegítima e injusta ya que viola la Ley provincial 13.334 (aprobada por unanimidad en 2013 y que prohíbe los desalojos por 5 años) y que las familias de campesinos allí presentes, que habían apelado la medida, se encontraban defendiendo su legítimo derecho a la tierra e iban a hacerlo pacíficamente, hasta las últimas consecuencias, pero decididos también a poner en juego su vida si fuera necesario. Además, Bordón señaló que los pequeños productores campesinos se encuentran amparados por la Ley de Usucapión que otorga la posesión de la tierra a quienes la habiten por un período mayor a veinte años y denunció que el procedimiento que pretendían concretar las fuerzas de seguridad junto al Juez Nicola era ilegitimo ya que debía realizarse, de acuerdo al protocolo establecido, cuando lo determinara el juez y avisando con anterioridad a quienes vayan a ser desalojados.
Sin embargo, trascendió que el Juez dio la libertad a las fuerzas de seguridad que establezcan ellos el día en que se realizarían el operativo de desalojo y la familia Barberis no fue anoticiada de que se iba a llevar a cabo. De esta manera, los campesinos apelaron la orden de desalojo y exigieron el protocolo de actuación para estas situaciones. El operativo concluyó con el retiro del Juez Federico Nicola junto a las fuerzas de seguridad presentes sin haber podido concretar el desalojo.
Las responsabilidades
Posteriormente el abogado Bordón se refirió a las responsabilidades políticas del intento de desalojo y señaló los roles de «Gerardo Chamount, subsecretario de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, el subsecretario de Seguridad Pública -que diseñó el operativo- el ministro (de Seguridad) Lamberto y, naturalmente, del gobernador Bonfatti que da el visto bueno para llevar adelante el despojo de la tierra de estas familias. Ni los operativos contra el narcotráfico tienen características como éste».
“Estos operativos de desalojo como los que intentaron realizar en el campo de Barberis, se producen sistemáticamente contra las más de sesenta familias de campesinos agrupadas en la Asociación Civil Campesinos Dpto. Vera y 9 de Julio. En ocasiones las fuerzas de seguridad no sólo desalojaron a los campesinos sino que también les incendiaron la vivienda y sus pertenencias para que no vuelvan a instalarse en el lugar”, sostuvo Iván Bordón
La causa judicial que sustenta este nuevo intento represivo es «ADROVER, JUAN C. / BARBERIS S/ MEDIDA CAUTELAR», Expediente. Nº 554/2011, que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Nº 15 en lo Civil, Comercial y Laboral de Tostado, a cargo de la Jueza Haidé Regonat.
Fuente: CTA RAFAELA//Sintesis de la Región
