Un nuevo pedido de informe por adjudicación a dedo busca respuesta en el gobierno provincial. Es el séptimo en dos años realizados por el diputado Eduardo Toniolli (Frente para la Victoria). Se trata de un modus operandi que pasa por alto no sólo las normas, sino los pedidos de investigación que esa situación genera. La excusa sería la excepcionalidad prevista en la Ley de Emergencia, pero según el legislador, no ocurrieron eventos que justifiquen esa categoría.
Toniolli, quien a partir de diciembre integrará el Concejo Municipal, presentó el séptimo pedido de informes por adjudicación directa, en este caso en el marco del Plan Abre. Los montos de los trabajos exceden las cifras permitidas para asignar obras sin hacer las diligencias del llamado a licitación pública.
Según el legislador, sus pedidos de informes vienen en ristra. “En este caso se trata de la adjudicación directa de una obra de 28 millones de pesos, para trasladar un grupo de 36 viviendas desde Villa Moreno a Ovidio Lagos y Mister Ross, para concretar la apertura de calles”, explicó el legislador del Movimiento Evita. ¿Qué dicen las normas vigentes al respecto?
“Las leyes de contabilidad y la Ley de Emergencia en Seguridad, establecen claramente que a partir de los 500 mil pesos para toda contratación de servicios, y a partir de 650 mil pesos para toda adjudicación de obra pública, debe realizarse por medio de licitaciones públicas”, aclaró.
Y recordó que realizó pedidos similares aprobados en Diputados, en agosto de 2013, en abril, julio y octubre del año pasado y en marzo y septiembre de 2015. Todos sin respuesta.
En forma puntual, la Ley de Emergencia en Seguridad pone como tope para las gestiones directas los 150.000 pesos, y la Ley de Contabilidad los 200.000 pesos, además de prohibir que las erogaciones mayores a los 400.000 pesos se realicen por otro mecanismo que no sea la licitación pública, salvo que puedan justificarse circunstancias imprevisibles, como por ejemplo, una catástrofe natural que impida por su urgencia la realización de otro procedimiento.
¿Por qué saltear la licitación? Invocando excepción. “No hay justificativos que permitan encuadrar todas estas contrataciones directas en los casos excepcionales, que la normativa actual prevé como causales que habiliten a saltarse una licitación”, explicó el legislador.
¿Cuándo se habla de excepción? Cuando hay “algún imponderable puntual o una catástrofe coyuntural, todos imprevistos que no podrían ser subsanados a tiempo de otra manera”, dijo Toniolli. Y aclaró que no cuestiona el fondo de las medidas, sino el procedimiento.
“El cuestionamiento no es a la realización de estas obras y contrataciones de servicios, sino a los mecanismos irregulares por medio de los que se llevan a cabo, en la medida que en todos los casos se trata de obras largamente planificadas e incluso incorporadas a los sucesivos presupuestos estatales con antelación”.
Si las obras por las cuales se elevaron los siete pedidos de informes, ya venían siendo conversadas, incluso presupuestadas, por qué no se siguieron los pasos previstos, según los montos que marca la ley. Esa es la pregunta del millón que busca respuesta en los, hasta el momento, ignorados pedidos de informes.
Excusas
“La gestión Bonfatti reparte millones sin licitaciones”, había alertado en junio pasado el diputado Toniolli, para referirse a los seis pedidos de informes que llevaba presentados sin respuesta por parte del Ejecutivo provincial. En esa oportunidad, señaló que se trata de “obras y compras millonarias adjudicadas por gestión directa por el gobierno de Antonio Bonfatti, con la excusa de la aplicación de la Ley de Emergencia en Seguridad”. ¿Excusa? Si, porque “los montos sobrepasan enormemente los permitidos por esa norma, y deberían adjudicarse por medio de licitaciones públicas”, argumentó.
Según Toniolli, hay una recurrencia del Ejecutivo Provincial a saltearse mecanismos normativos. «Nos encontramos con un conjunto de operaciones de compra por gestión directa amparadas en la urgencia prevista por la Ley de Emergencia en Seguridad, pero en todos los casos se superan ampliamente los montos previstos por las excepcionalidades incorporadas en dicha ley».
Y para muestras presentó varios botones: «adquisición de 96 camionetas pick-up por un monto de 30.138.945 pesos (Decreto 0138/15), compra de software para investigaciones forenses por 3.037.510 pesos (Decreto 1565/15) y la ejecución de gastos para la compra de pistolas y escopetas por 3.725.000 pesos (Decreto 1567/15).
Además del de 6.645.500 de pesos para la compra de automóviles para patrullaje (Decreto 1763/15), adquisición de motocicletas por 5.847.800 de pesos (Decreto 1764/15) y erogaciones por 47.048.110 de pesos para la urbanización del barrio Polledo de Rosario, en el marco del Plan Abre (Decreto 1530/15) .
En relación a lo detallado, Toniolli exige que el Ejecutivo de Santa Fe, informe la Cámara de Diputados, “si en todas estas compras o contrataciones directas se efectuó la comunicación previa a los organismos de contralor, como dispone la Ley de Contabilidad». Y si éste paso se hubiera dado, que se remitan los informes emitidos para cada caso, justificando la urgencia para la compra directa.
“Nos encontramos nuevamente con inversiones por millones de pesos, adjudicados de forma directa, con mecanismos que dejan abierta la puerta a la corrupción, el desvío de fondos y los favores a empresas amigas», enfatizó el portavoz del Movimiento Evita.
