La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó reafirmó su decisión de mantenerse en el cargo pese a los pronunciamientos de distintos referentes del gobierno de Mauricio Macri, que exigen su renuncia. Al presidir el acto en el cual puso en funciones la nueva Dirección General de Derechos Humanos, sentenció: «No vienen sólo por mí».
Entre quienes encabezan la arremetida macrista contra la titular del Ministerio Público Fiscal se encuentra el propio ministro de Justicia Germán Garavano. En ese marco, Gils Carbó aseguró
En este sentido, la procuradora explicó que los cuestionamientos del gobierno nacional a su desempeño y su continuidad no sólo pretenden removerla del Ministerio Público Fiscal, sino que tienen un objetivo más amplio, al afirmar que “no basta con atar de pies y manos a Gils Carbó”.
Memoria, Verdad y Justicia
“Sin un Ministerio Público, ¿quién va a resguardar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia?”, se justificó la procuradora, y a su vez cuestionó que «que cada día surgen cuestionamientos diferentes» para que deje su cargo.
“Hoy salen con los superpoderes de la Procuradora, y de qué se habla, de sacarme la potestad de remoción de los fiscales. Potestad que no tengo, y que solo tiene un Tribunal de enjuiciamientos formado por distintos estamentos”, ejemplificó.
Asimismo indicó que hay cientos de trabajadores y funcionarios del Ministerio público que trabajaron para quebrar “una cultura burocrática” y convertir el organismo en una institución “más proactiva”.
La procuradora presentó la Dirección General de Derechos Humanos, a cargo de la letrada de la Procuraduría General de la Nación, Andrea Pochak, junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski; el representante regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni.
El acto se realizó esta tarde en el Salón de Actos de la Procuración General de la Nación, en Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires.
