Eduardo Toniolli y Lucila De Ponti presentaron un amparo contra la medida del presidente Mauricio Macri de transferir las escuchas legales a la Corte Suprema y suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal.
Ambos dirigentes se presentaron alrededor de las 10 de este miércoles en los tribunales federales de Rosario, ubicados en calle Entre Ríos 435.
Allí elevaron un amparo para declarar inconstitucionales los Decretos 256/2015 y 257/2015, «por medio de los cuales Macri pretende transferir las escuchas del Ministerio Público al ámbito de la Corte Suprema y suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación”, sostuvieron.
«A través de estos decretos se erosiona la división de poderes», explicó De Ponti, señalando que estamos «en un país donde el presidente toma decisiones importantes de manera unilateral, ignorando la Constitución Nacional, que dispone claramente que el Poder Ejecutivo no puede dictar DNU en materia penal».
El recurso de amparo presentado se enfoca en dos decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri en el último mes. El Decreto 256/2015 transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; mientras que el Decreto 257/2015 suspende la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación aprobado por Ley 27.063, prevista para el 1° de marzo de 2016.
Asimismo, De Ponti explicó que en el amparo presentado se pide que se declaren inconstitucionales los dos DNU del presidente Macri ya que “violan abiertamente la Constitución Nacional, en primer lugar porque en el inciso 3ero de su artículo 9no, que regula los DNU, dice claramente que los mismos no pueden ser utilizados por el Ejecutivo para intervenir en materia penal, y en segundo lugar, porque en su artículo 120, la Constitución garantiza la independencia del Ministerio Público, independencia que se vería menoscabada con estos decretos.»
A su turno, Toniolli, concejal y referente del Movimiento Evita en Rosario, dejó en claro que existe una “clara intencionalidad política” detrás de esta decisión de Macri de derogar dos leyes vigentes por medio de decretos, y apunta a “despojar de las potestades que le son propias – por mandato legal y constitucional – al Ministerio Público y a su titular, Alejandra Gils Carbó, con el objetivo de concentrar la suma del poder público en manos del Ejecutivo”, y sentenció que “Macri ya ha decidido gobernar desconociendo al Poder Legislativo, pactando o sometiendo al Poder Judicial, y en estricto cumplimiento de los intereses de determinados poderes fácticos como las corporaciones mediáticas, el complejo agroexportador, y otros actores del poder económico nacional y transnacional».
Para finalizar, Toniolli manifestó sospechas en cuanto a la intención de estos dos DNU. «El traspaso de las escuchas del Ministerio Público a la Corte, ha sido frenado incluso por ésta última, que postergó la decisión hasta mediados de febrero, en la medida que no cuenta con condiciones técnicas y capacidades operativas propias, lo que para nosotros entraña el riesgo siempre latente, de la tentación de restituirle esta función a agentes de la ex SIDE, con la excusa de que son portadores de esa experticia».
