Este 19 de enero tal vez se recuerde como el día en que un gobierno argentino dispuso aplicar la pena de muerte sin derecho a juicio. Mauricio Macri declaró la Emergencia de Seguridad Pública, que considera el uso de la fuerza contra «vectores incursores en el espacio aéreo» nacional. La ley de derribo pero sin ley.
Para la administración Cambiemos, el objetivo de la preocupante medida, que abarca a todo el país, es revertir la “situación de peligro colectivo” creada por «el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico», en clara sintonía con las tendencias más retrógradas en términos de estrategia de lucha contra esos crímenes complejos.
La resolución, que fue puesta en vigencia a través de un decreto que incluye un fuerte control del espacio aéreo, puede ser prorrogada al término de los 365 días del plazo que establece el decreto. El comunicado remarca que la medida «va en sintonía con las metas esenciales que estableció el presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves». Pero no avanza en tópicos tan sensibles dentro del esquema narco como, por ejemplo, el lavado y blanqueo de dinero o el control oficial de cargas en puertos privados.
“Pena de muerte sin juicio previo”
El decreto establece la aprobación de «Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino». En ese sentido, destaca que «serán declaradas «hostiles» aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para «perturbar, poner en riesgo o causar un daño» en el territorio nacional».
Precisamente el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, se había opuesto firmemente a proyectos similares de derribo de naves aéreas con un argumento inapelable: “Estoy en contra. La ley de derribo tiene varias falencias, desde el punto de vista de nuestra estructura jurídica y del derecho penal. La ley significaría pena de muerte sin juicio previo”.
Aquellos proyectos llevaban la firmas de Francisco De Narváez, la hoy vicepresidenta Gabriela Michetti y el radical Ricardo Alfonsín. Como siempre, un paso atrás, llegó Sergio Massa con su adhesión, que luego transformó en uno de los ejes de su carreta electoral y que explica el pasaje a Davos.
Y mucho más
El decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 del mismo Código).
Del mismo modo se refiere a los delitos relativos a las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal).
Además consigna los delitos de prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168, todos del Código Penal), los previstos en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de personas (Ley 26.364).
El Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.
También concede la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Crea además el gabinete de Seguridad Humana que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia.
Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias.
También, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial celebrar un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras.
A partir de la norma, se crea el “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el “eficiente control” fronterizo.
El texto completo del comunicado oficial es el que se lee a continuación:
El Gobierno Nacional declaró la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio de la Argentina por el término de un año, con el objetivo de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico.
El Gobierno Nacional declaró la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio de la Argentina por el término de un año, con el objetivo de revertir la “situación de peligro colectivo” creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico, en una resolución que incluye un fuerte control del espacio aéreo.
La medida, que puede ser prorrogada al término de los 365 días de plazo que establece el decreto, va en sintonía con las metas esenciales que estableció el Presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves.
El decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código).
Del mismo modo los relativos a las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal).
Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168, todos del Código Penal), los previstos en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de personas (Ley 26.364).
El Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.
También concede la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Crea además el Gabinete de Seguridad Humana que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia.
Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias.
También, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial celebrar un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras.
A partir de la norma, se crea el “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el “eficiente control” fronterizo.
También dispone el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014.
El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino.
Serán declaradas “hostiles” aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional».
