La concejala Fernanda Gigliani presentó este martes un pedido de informe para conocer el estado en que se encontraba funcionando el laboratorio Apolo. “Es necesario aclarar si se cumplieron todas las previsiones que rigen”, dijo.
La referente del bloque Iniciativa Popular (IP) elevó un pedido al Departamento Ejecutivo para saber acerca del estado en que se encontraba la habilitación para el funcionamiento de la empresa Apolo S.A., tanto por el cumplimiento de las normativas correspondientes a la actividad que desarrollaba, como a la conformidad de la localización en donde estaba ubicado.
El pedido también pide conocer si el laboratorio utilizaba precursores químicos, y de ser así, si está inscripta en el Registro Nacional de Precursores Químicos. Además solicita que se aclare si actuaba como proveedor del Municipio en el rubro de insumos para la salud.
“La información que tenemos es que la habilitación del laboratorio Apolo venció el 9 de diciembre del 2011. En el año 2012 se modificó la normativa urbanística de la ciudad. Ahora, por su ubicación urbana, este laboratorio se encuentra en lo que se denomina 2º anillo perimetral, donde según los indicadores, la actividad que en él se desarrolla (Industrial Restringida Categoría 3), es uno de los Usos No Permitidos en la zona”, reveló Gigliani.
Sobre este aspecto, añadió: “Desde la Empresa han pretendido avanzar en el trámite para renovar la dudosa habilitación que sostienen y no han podido, porque como se desprende del certificado de Libre Uso y Libre Afectación, del cual tenemos copia, y en virtud del Decreto 1818/14 queda absolutamente en claro que la habilitación que se quiere renovar, no se puede, porque para la normativa vigente la actividad del laboratorio es un uso no admitido entonces no puede ser habilitado”.
En un parte de prensa, la edil recordó que en las últimas horas, el subsecretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Guillermo Turrín, indicó que se realizaron unas 20 inspecciones en el Laboratorio. “Llama muchísimo la atención lo dicho por el funcionario. ¿Cómo es posible que se realicen inspecciones en un lugar que no cuenta con habilitación municipal? Este tipo de cuestiones se resuelve mostrando el expediente de habilitación, mostrándolo públicamente para saldar todas estas dudas. De lo contrario estamos ante un hecho de alta gravedad”, cuestionó.
“Este laboratorio no seguirá funcionando en ese lugar, porque la normativa vigente en la actualidad lo impide. Por las fuentes de trabajo en juego, deseamos que de estar en condiciones, pueda seguir desarrollando sus actividades, pero que sea en un área de la ciudad que así lo permita”, aclaró Gigliani, y agregó: “Ni aún pudiendo validarse el permiso de habilitación 3925 del 2011, cuyo vencimiento potencial operaría el 9/12/2016, las condiciones en que quedo en inmueble luego del siniestro lo harían viable”.
Sobre el pedido de informe que elevó al Ejecutivo, indicó: “Tenemos por delante la tarea de revisar si la situación a través de la cual se le permitía funcionar estaba ajustada a lo reglamentado. Por esto solicitamos un informe pormenorizado. Es necesario saber y aclarar a la gente, si se cumplieron todas las previsiones que rigen, si hubo omisiones, documentación faltante o irregularidades en las tramitaciones llevadas adelante en el municipio. Además de la obligación de aportar transparencia a la actuación del municipio y sus funcionarios, la gravedad de los daños físicos, psíquicos y materiales causados por el incidente así lo ameritan”.
