Un día después de la renuncia del ministro Prat-Gay, el juez Julián Ercolini –el mismo que sobreseyó a Magnetto en la causa Papel Prensa– procesó a la ex presidenta por presunta asociación ilícita y le trabó un multimillonario embargo de 10 mil millones de pesos. También le apuntó a De Vido, José López y Báez.
En una clara maniobra para correr el foco de atención, que estaba puesto en la salida (¿por decisión propia o de Macri?) del ahora ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, y que despertaba serias sospechas de una crisis en el seno del gobierno nacional, un juez le dictó procesamiento a Cristina y le trabó un embargo multimillonario.
La causa que investiga el magistrado es sobre el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. Según la imputación, Fernández habría orientado las licitaciones en favor del detenido Lázaro Báez, quien se encuentra en prisión en el marco de otra causa por lavado de activos. Además de la ex mandataria, también fueron procesados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y su secretario de Obras Públicas, José López, quien también se encuentra detenido por enriquecimiento ilícito tras haber sido encontrado en un convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares en efectivo.
Ésta es la segunda causa por la que Cristina se encuentra procesada. La primera es «dólar futuro» que lleva adelante el juez Claudio Bonadio.
El juez Ercolini, es el mismo que semanas atrás sobreseyó a los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz en la causa en la que fueron denunciados por el Estado nacional –durante el anterior Gobierno–, por la transferencia ilícita en 1976 de las acciones de Papel Prensa.
