Más de 20 organizaciones de la Mesa Consultiva del Área de Asistencia a la Víctima de Violencia de Género de la Municipalidad de Rosario reclamaron a la Justicia la inmediata libertad de Mercedes, madre de 4 hijos detenida por el juez Hernán Postma, en el marco de una causa de venta de productos robados.
Las mujeres argumentan lo siguiente: “desde todo análisis del derecho procesal y penal vigente, este delito admite la posibilidad de transitar en libertad la instancia judicial hasta tanto se investigue y se dirima su responsabilidad penal. Así lo invocan las normas contenidas en los artículos 18 de la Constitución Nacional, artículo 9 de la Constitución Provincial, artículos 5, 7, 10, 11, artículo 219, incisos 1, 2 y 3 de nuestro código procesal penal vigente. Y, en idéntico sentido, las normas de raigambre constitucional contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres (Cedaw) entre otras.”
Las organizaciones señalan que “el pedido fiscal de prisión preventiva y la resolución judicial que así lo ordenó demuestran una flagrante violación a las normas de derecho más elementales, y ponen de manifiesto una grosera insensibilidad por parte de los operadores de justicia a los múltiples factores de vulnerabilidad que en razón del género y la clase social atraviesan la vida de MP y su familia. Su condición de mujer, pobre, cabeza de una familia monoparental, a cargo de cuatro hijos menores, uno de ellos requiere de su madre atención especial debido a la severa enfermedad que padece, fueron invisibilizadas al momento de decidir sobre su libertad o encarcelamiento, en franca contradicción con las mandas internacionales que imponen a los Estados la obligación de aplicar medidas sustitutivas al encarcelamiento preventivo, «teniendo en cuenta las particularidades de las mujeres que han entrado en contacto con el sistema de justicia penal y la necesidad consiguiente de dar prioridad a medidas no privativas de la libertad a esas mujeres» (Resolución ONU 65/229 Reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, Reglas de Bangkok), en igual sentido las Reglas Mínimas de Naciones Unidas sobre medidas No privativas de la Libertad, Reglas de Tokio, entre otras”.
Finalmente, el colectivo de mujeres expresó: “Esta decisión judicial constituye, una vez más, una situación de violencia institucional prevista expresamente en el artículo 6 inciso b de la ley de protección integral hacia las mujeres (Ley 26.485), produciendo un franco menoscabo en el derecho de acceso a la justicia de MP, por lo que podría acarrearle responsabilidad internacional al Estado argentino”.
La mesa consultiva está integrada por las siguientes organizaciones:
Frente de Mujeres de ATE Rosario
Sobrevivir (Red de Mujeres del Norte)
Re de Mujeres del Sudoeste
Insgenar (Instito de Género, Derecho y Desarrollo)
Cladem Rosario (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de las Mujeres)
Mujeres de Negro
Instituto Municipal de la Mujer
CESC (Centro de estudios Sociales y Culturales para la Comunidad)
Ademur (Asociación de Mujeres Resilientes)
Mujeres Vecinalistas de Rosario
Las Safinas
Aprender a Vivir
Cedeifam (Centro desarrollo para la Familia y la Mujer)
Red e Mujeres del Sur
Mumalá Rosario – Mujeres de la Matria Latinoamericana
Frente de Mujeres del Movimiento Evita
Patria Grande
Indeso Mujer – Instituto de Estudios Jurídico Sociales de la Mujer
Observatorio de Género Rosario
Desde el Pie
AMAP – Casa de Luxemburgo
