Los diputados provinciales del Frente Justicialista para la Victoria le reclamaron al gobierno santafesino “terminar con las sospechas y transparentar definitivamente” la concesión de la autopista que une Rosario y Santa Fe.
A través de un comunicado, los legisladores volvieron a insistir en que el gobierno provincial “termine definitivamente con las situaciones irregulares en torno a la autopista y accione ante las empresas responsables que generaron perjuicios millonarios contra los intereses de todos los santafesinos”.
Este reclamo se da en el marco de la apertura de sobres que se llevó a cabo este martes en la capital provincial, donde la Unión Transitoria de Empresas (UTE), de las firmas Super Cemento y Edeca SA, fue la única en presentar una oferta para la concesión de la autopista.
Los diputados Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella, Germán Bacarella y Silvia Simoncini, sostuvieron que “ante la tozudez de la provincia en avanzar con el llamado a licitación para el mantenimiento de la autopista Rosario-Santa Fe, estamos solicitando dejar sin efecto el actual llamado a licitación”.
Además, exigieron “encuadrar la rescisión del contrato con Arssa en el incumplimiento por parte de la concesión; ejecutar las garantías a las empresas correspondientes y que la provincia tome a su cargo la administración del corredor, resguardando los puestos de trabajo de todos los empleados”.
“Con esta nueva concesión le estaríamos dando a privados la explotación de una obra donde no deben repavimentar, por lo cual sólo les restaría tareas de mantenimiento. Básicamente les estaríamos pagando por cortar el pasto”, señalaron desde el bloque, y recordaron: “Hace tiempo venimos denunciando el grado de incumplimiento de Arssa, cuya principal obligación en materia de obras era repavimentar los 313 km de traza total. Pero sólo hicieron 75 km en 5 años de concesión”.
Por último, los legisladores justicialistas remarcaron que “no hacen falta 180 días para evaluar la situación, tal como se pretende desde el Ejecutivo, ya que los antecedentes y los estudios son suficientemente claros. Las auditorías dicen que hubo un flujo mayor al ofertado y que el estado de la autopista era conocido al momento de ofertar”, y concluyeron: “Es muy grave la situación de la concesión de la autopista y las responsabilidades que le conciernen a los diferentes actores del gobierno”.
