El viernes 12 de junio Clarín publicó un artículo firmado por Marcelo Bonelli. En el primer párrafo pueden leerse dos textuales: “No entendemos a la Argentina”, y “Argentina no está en nuestra agenda y todo se debe a la posición de su Gobierno”…
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…ambas atribuidas al subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Craig Nelly. El mismo día, el funcionario norteamericano y su superior, Milton Drucker, emitieron un comunicado oficial que comienza así: “Escribimos para expresar nuestra objeción, en los términos más duros posibles, a la nota «El gobierno busca el apoyo del Tesoro Norteamericano», que apareció el 12 de junio en la edición de Clarín. Las citas textuales atribuidas son absolutamente falsas y fueron publicadas sin estar basadas en la verdad”. El 13 de junio, un día después del gravísimo cuestionamiento a la credibilidad de Clarín por parte del Departamento de Estado, la nota editorial fue titulada “Las cosas de la política”, firmada por el editor general adjunto, Ricardo Roa, y –ya desde la primera frase– abocada a exhibir la escala de valores que prima en el grupo monopólico: “El Riachuelo parece invulnerable: cada día contamina más y peor”.
La doctrina de la real malicia, que tiene su origen en la jurisprudencia norteamericana, define claramente que los medios de comunicación sólo podrán ser considerados responsables por la divulgación de noticias falsas sobre funcionarios públicos o figuras públicas en temas de interés general si obraron con la expresa finalidad de difundir una falsedad o con absoluta despreocupación en corroborar la veracidad de la información. A muchos gobernantes en la Argentina les parece que ese marco jurídico es excesivo, opinan que es difícil comprobar la intencionalidad manifiesta del medio y que, por lo tanto, la mayor parte de las veces, y apenas escudándose en el anonimato de las fuentes, los medios pueden injuriar, mentir y calumniar sin costo alguno. La tradición norteamericana en esta materia señala que ese riesgo que corren la democracia y las instituciones es menor al que conllevaría cercenar la libertad de expresión y de prensa.
La gravedad del episodio de la desmentida estadounidense a Clarín es inversamente proporcional a la difusión que la acusación tuvo en la casi totalidad de los medios, incluso mucho más allá del horizonte hasta el que se expande el monopolio que conduce Héctor Horacio Magnetto. Y la desaprovechada oportunidad del medio involucrado de aclarar lo que fuese necesario o, incluso, de disculparse ante sus lectores –lo esperable de un medio “serio”– pone de manifiesto que hay una verdadera apuesta a la desinformación que puede llegar, si es necesario, a perjudicar a sus propios clientes.
La real malicia de Clarín en este episodio es ostensible. No hay fuente anónima a preservar, precisamente porque esa fuente es la que desmiente lo publicado por el medio. Tampoco existe el atenuante de la confianza extrema en terceras fuentes que pudieran haber adjudicado los textuales a los funcionarios. En el comunicado, el Departamento de Estado dice claramente: “…nos sentimos defraudados ante el hecho de que no hubo ningún intento de contactar a los participantes de Estados Unidos para confirmar las citas atribuidas a ellos”. Si hubo terceras fuentes, no se intentó ir a las que se mencionan en la nota como autores originales de las frases de la discordia.
Clarín, y en especial Bonelli, le exigen al gobierno precisión y credibilidad respecto de las cifras emanadas del Indec, pone en duda muchas de las estrategias financieras del Ejecutivo y, en la nota de marras, el autor intenta mostrar las dificultades que se le presentarán al país en un presunto “plan secreto que se elabora en la Quinta de Olivos: buscar un acercamiento con los Estados Unidos con la intención de aliviar la situación financiera ajustada que deberá enfrentar Cristina Kirchner en sus últimos dos años de mandato”. ¿Cuánto de esto será cierto, habida cuenta de lo que ya se sabe que no lo es?
Bonelli no cita las fuentes que le confiaron lo no dicho por los funcionarios norteamericanos, pero se infiere que los muchachos de la Unión Industrial Argentina serían los infidentes o –si se toma en serio el comunicado oficial del Departamento de Estado– los cómplices de la mentira.
La segunda desmentida a Clarín en tan sólo un fin de semana provino del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y de la casi totalidad del gabinete. La especie divulgada por el matutino porteño respecto de una presunta estrategia del gobierno nacional de adelantar los comicios presidenciales si obtuviese un resultado adverso en las elecciones legislativas del próximo 28 de junio mereció una respuesta no menos grave ni enérgica que la pronunciada por el Departamento de Estado. La evidente decisión de Clarín de imponerse como una actor más en la disputa electoral merece comparar, como gusta hacer a menudo esa empresa periodística, con lo que ocurre en “los países serios”.
En Estados Unidos los propietarios de medios no son bebés de cuna, las empresas periodísticas defienden intereses propios y ajenos, si se lo permitieran se concentrarían más, y nadie pondría las manos en el fuego si se trata de afirmar que todo lo que se publica es verdad. Algo, sin embargo, los diferencia de los grandes grupos empresarios de medios argentinos. En muchos casos, en EEUU los medios hacen explícito su apoyo a determinados candidatos, y, fundamentalmente, mantienen incólume una máxima aplicable a la actividad periodística y a muy pocas más: a más verdad, más negocios. En la Argentina, esa ecuación se invierte, a la luz de la práctica de Clarín: a más negocios, menos verdad. Y eso no es serio, pero es muy grave.
