Luego de un largo peregrinaje para acceder a convenios y actas del directorio del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) que comprometen el patrimonio público e implican decisiones multimillonarias, la Justicia obligó al organismo a entregar información solicitada por el diputado provincial Marcelo Gastaldi.
El legislador había presentado un recurso de amparo sobre acceso a la información pública, ya que el directorio del Enapro se negaba sistemáticamente a brindarle esa documentación. Entre la información que pretendía ocultarse figura la deuda que asume la Provincia para reemplazar el muelle que Hermes Binner quiere destinar al Puerto de la Música, unos 200 millones de pesos que antes debía invertir el concesionario de la terminal.
La Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de los Tribunales Provinciales falló a favor del libre acceso a la información pública, un buen antecedente, puesto que pese a que el gobierno socialista alardea respecto de sus aportes a la transparencia informativa, es notorio que en la práctica no cumple con esos preceptos.
En cuanto al tema de fondo que trató la Cámara el Enapro, al negar la entrega de la documentación requerida por Gastaldi, fundamentaba que, “momentáneamente, evacuar favorablemente la petición formulada resultaría potencialmente lesivo al trámite y resultado de la negociación en curso con los distintos actores involucrados”.
Sin embargo, para Gastaldi, "desde aquel momento a la fecha, nada se ha modificado objetivamente en lo que se dio en llamar Proyecto de Reconversión del Puerto de Rosario, más bien se ha visto agravado por la toma pacífica del edificio que ocupa el propio directorio".
Cabe recordar que en 2008, el entonces titular del Enapro, Ángel Elías y Guillermo Salazar Boero, este último como autoridad de Terminal Puerto Rosario por aquellos tiempos, firmaron un acuerdo que dejaba en claro lo siguiente: “Las partes acuerdan que TPR asumirá los costos y gastos necesarios para la reubicación de las actividades portuarias desde el área denominada de emplazamiento hacia el área denominada de relocalización, como así también que asumirá todos aquellos gastos que sean necesarios para las correspondientes habilitaciones por ante las reparticiones pertinentes. Asimismo, TPR asumirá los gastos y costos para hacer operativos a los fines portuarios la denominada zona de relocalización”. Hoy, esas erogaciones –que suman casi 200 millones de pesos– las deberá llevar adelante el Estado provincial, contrayendo una deuda con el Banco Mundial.
Lo curioso es que Elías fue eyectado del Enapro, quienes lo sucedieron debieron irse por los "aprietes" del ministro de Servicios Públicos Antonio Ciancio y del Ejecutivo en general –uno de ellos, Pablo Ferrés, realizó escandalosas denuncias en ese sentido–, y luego fue puesto en el mismo cargo sin dar explicaciones.
El legislador rosarino opinó: “Es vergonzoso que nos obligaran a recurrir a la Justicia para tener acceso a información que es pública como convenios con los distintos concesionarios y actas de directorio. No solo perdimos tiempo en avanzar en un debate que permita transparentar las decisiones tomadas, sino que además causan un nuevo perjuicio a las arcas públicas debiendo hacerse cargo de las costas de los abogados”.
“Por un lado el fallo de Cámara me pone contento porque nos da la razón sobre la necesidad de disponer de la información oficial de las negociaciones llevadas adelante, pero por otro lado, reafirma las dudas que veníamos manifestando en relación a lo inexplicable que resulta la extensión de la concesión a un privado por 7 años –desde el 2032 al 2039- , la modificación en los criterios sobre quien debe hacerse cargo de la inversión de la construcción de los nuevos muelles y la imprevisión en relación a los estudios técnicos, financiamiento y plazos de las construcciones previstas”, señaló Gastaldi.
Lo medular de la resolución de la Cámara afirma:
“… en nuestro caso, la sustracción de materia planteada, por la satisfacción del interés del actor, se produciría al entregarle la información que había solicitado. Evidentemente, esa situación no se había producido al tiempo del dictado de la sentencia de grado, pues al actor nada se le entregó ni en el juicio ni fuera de él, sin perjuicio de no haberse acreditado que tampoco hubiera sido entregada a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a la cual pertenece el accionante.
Ahora bien, ese hecho terminó por ocurrir en esta instancia y como consecuencia de la medida para mejor proveer dispuesta por la Sala, donde el codemandado Enapro acompañó la documentación requerida por el actor en sobre, la que se ha puesto a su disposición, sin que haya formulado un cuestionamiento concreto en orden a la insuficiencia de la documentación acompañada”.
“Se perdió tiempo sin sentido, se evitó transparentar el debate, mantenemos las mismas dudas sobre las decisiones tomadas, nos obligaron a judicializar un tema que debería haberse resuelto por los canales políticos institucionales existentes, el erario público volvió a perjudicarse, como puede observarse un hecho nada claro en la vida institucional de la Provincia”, finalizó Gastaldi.
