El sargento retirado de la Policía Federal, Miguel Ángel Junco, alías Ratón, prófugo de la Justicia, se suicidó arrojándose a las vías del tren en la estación Flores. El represor estaba por ser detenido por crímenes de lesa humanidad en el circuito ABO, cometidos durante la última dictadura.
Junco revistó durante la última dictadura en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF, también conocida por su antiguo nombre de Coordinación Federal) y en los centros clandestinos de detención y torturas Club Atlético, El Banco y El Olimpo. Junco estaba imputado por centenares de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Su suicidio, que recién fue informado este viernes 1 de junio, ocurrió el 30 de marzo último, dos días después que la policía fuese a buscarlo a su domicilio de la calle Zelarrayán al 500 de esta capital por orden del juez Daniel Rafecas.
En esa ocasión, la esposa de Junco les dijo a sus frustrados captores que su marido “estaba en la provincia visitando unos familiares”.
No habían pasado 48 horas desde que la comisión policial fue a buscarlo por orden del juez federal Daniel Rafecas, cuando Junco se dirigió a la estación Flores del ferrocarril Sarmiento, esperó la llegada de un convoy y se arrojó a las vías, muriendo en el acto.
Junto a su documento de identidad, en el que consta que nació el 8 de mayo de 1948, dejó una nota en la que solicitaba que avisaran a su mujer, surge de la causa que la jueza federal María Servini de Cubría lleva adelante por la interrupción de la circulación en las vías férreas.
El represor integraba la nómina de las últimas capturas de ex integrantes de Coordinación Federal ordenadas por Rafecas. De esa lista, fueron detenidos los comisarios retirados Carlos Lorenzatti, alias gato viejo, y Juan Carlos Chacra, quien operaba con el seudónimo de Paco, en tanto sus camaradas Gerardo “Nito” Arraes y Miguel Britos continúan prófugos.
Todos fueron reconocidos por sobrevivientes de los centros clandestinos de detención Atlético, Banco, Olimpo, como integrantes de las patotas encargadas de los secuestros y torturas.
Fuentes judiciales señalaron que «es la primera vez que ocurre esto (en relación al suicidio) en una causa que lleva siete años de tramitación, con más de un centenar y medio de detenidos», decenas de los cuales ya fueron condenados por los tribunales orales.
Fuente: Télam
