Augusto Duri, ex presidente de la biblioteca Constancio C. Vigil se mostró optimista ante la decisión de la Justicia Federal de investigar los delitos económicos que hicieron añicos el proyecto cultural. El fiscal Gonzalo Stara lo admitió como querellante.
“Es una deuda con nuestra democracia”, admitió Stara quien la semana que viene emitirá formalmente el dictamen correspondiente por el cual incluye como querellantes, además de a Duri, a su hija Celina quien fuera sometida a interrogatorio por Telmo Alcides Ibarra, pistola de por medio, cuando contaba con apenas 11 años, Raúl y Antonia Frutos –otros directivos de la biblioteca-, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en una nueva causa que tratará como delitos de lesa humanidad, a los crímenes económicos cometidos en la ex Biblioteca Popular.
Los Duri y los Frutos fueron víctimas del terrorismo de Estado, por lo que el juez federal Marcelo Bailaque, determinó antes de la feria judicial, admitirlos, junto con la APDH, en la causa Feced.
«Solicité al juez Bailaque que indague a los miembros de la denominada patota de Feced –entre ellos Ibarra- por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados cometidos en perjuicio de los ex directivos de Vigil en el ámbito del ex servicio de informaciones”, contó Stara y añadió: “Se encuentra pendiente de resolución».
La Biblioteca Vigil, cuyos orígenes se remontan a la década del 40, fue el mayor proyecto editorial que funcionó en la Argentina entre 1960 y 1977 al ser desmantelada el 25 de febrero de aquel año por miembros de la última dictadura militar. Para abril, el Coronel del Ejército retirado Sócrates Alvarado ya se encontraba instalado como interventor “normalizador”.
Tras el cierre de los cursos, los docentes, empleados y obreros fueron cesanteados y los directivos perseguidos: en mayo de aquel mismo año, un camión los recogió por cada uno de sus domicilios, y una vez en la Jefatura de Policía de Rosario, fueron torturados hasta fines de diciembre.
«Propusimos la realización de una pericia contable”, agregó Stara respecto de los delitos económicos que para la APDH, se trató, en realidad de un verdadero “genocidio cultural”.
Desde el mencionado organismo, su abogada Eliana Masegosa puso de relieve que «como acompañantes de las víctimas, nos parece importante que se sepa qué pasó con el patrimonio de la Vigil, luego que los represores se hicieron cargo de los destinos de la biblioteca».
«Primero secuestraron a los directivos, después despojaron a la Vigil de todos sus bienes, para luego continuar con la persecución de alumnos, directivos y la quema de libros. No es casualidad lo que planteamos, y eso es lo que queremos demostrar como organismo ante la Justicia», se explayó la letrada.
Finalmente, el fiscal de la flamante causa prometió investigar “las responsabilidades que le cupieron a quienes llevaron adelante el desguace de la tan reconocida mutual, emblema de nuestra ciudad».
“La investigación de los hechos que desmantelaran la experiencia de la Biblioteca Popular Constancio Vigil es una deuda de nuestra democracia”, concluyó.
Fuente: Rosario 12.
