Los concejales del Partido del Progreso Social (PPS) presentaron un proyecto para suspender por tres meses los permisos de demolición y edificación en barrios donde aún no rige la nueva normativa de planeamiento urbano. El oficialismo, por su parte, adelantó su rechazo a la iniciativa, y el Colegio de Corredores Inmobiliarios la consideró “peligrosa”.
La suspención está destinada a obras que superen los 10 metros de altura, en todas las zonas aptas para urbanización en la ciudad –salvo el centro y el denominado primer anillo perimetral (comprendido por los límites de 27 de febrero, Vera Mujica y el río) donde ya rigen normativas reguladoras–, aunque la inspiración del proyecto tiene origen específico en el reclamo que desde hace tiempo vienen sosteniendo los habitantes de la zona de Arroyito.
Con un fuerte lobby del sector inmobiliario, el oficialismo ya expresó su rechazo a la iniciativa del PPS desde varias voces. Manuel Sciutto, concejal socialista y presidente de la Comisión de Planeamiento, adelantó este martes su postura: “No compartimos el mecanismo de frenar por 90 días las obras, no nos parece que sea lo correcto”, dijo en declaraciones a Lt8.
El edil explicó que en lugar de alentar lo que consideró una «prohibición», desde su espacio presentarán “una nueva ordenanza que contemple la actual situación que a todos nos preocupa, para poder limitar en determinados lugares».
Algo tarde llegará la alternativa, si se considera que desde la Intendencia ya se otorgaron todos los permisos de obra que se apuraron a presentar los empresarios e inversionistas inmobiliarios interesados. Estos últimos, representados por el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Javier Grandinetti, tildaron sin medias tintas de “peligroso” al pedido de suspensión.
«Si en estos momentos en que la gente que tiene un dinero para invertir se frena la opción inmobiliaria, sumado a que otros sectores de la economía vienen en desaceleración, entonces me parece peligroso ir por ese lado. Sería frenar la inversión», fue la opinión textual de Grandinetti, en misma sintonía con el secretario de gobierno municipal, Fernando Asegurado, para quien “»mientras en Buenos Aires los permisos de edificación cayeron 46,3 por ciento respecto del año pasado, acá se propone frenarlos con una ordenanza. No estamos de acuerdo».
Por su parte, la concejala del PPS y coautora del proyecto, María Fernanda Gigliani, alertó sobre la presión que desde el sector empresario se pretende ejercer sobre el Concejo: «Queremos evitar la presencia de lobbistas y empresarios que quieren torcer la voluntad de los concejales», señaló.
«Hoy se puede decir que Rosario tiene dos estándares jurídicos distintos; una zona que tiene una fuerte regulación, y la otra parte de la ciudad que está regulada por una ordenanza que tiene una lógica absolutamente distinta con la que se intenta impulsar», precisó Gigliani. «Lo más importante es tener una normativa para que las reglas sean claras para inversores y vecinos», agregó.
Para el Tigre Cavallero «el gran debate es si queremos una ciudad de dos millones y medio de habitantes o una ciudad vivible. No se puede seguir irresponsablemente otorgando permisos de edificación no previendo la infraestructura social básica, y el Estado tiene la obligación de tomar la iniciativa y planificar».
El ex intendente agregó que en Rosario quedan solamente 600 hectáreas para área residencial, por tal motivo «la disputa viene primero de los lugares mejor ubicados estratégicamente para vivir en la ciudad».
Su iniciativa ingresará a recinto este jueves con vistas a ser tratada por la comisión de Planeamiento el próximo lunes.
Mientras tanto, en barrios como Arroyito, Echesortu o Alberdi, zonas que por causa de la fuerte especulación inmobiliaria resultan hoy de altísima valoración, lo único que buscan sus habitantes es preservar su calidad de vida.
Allí asoman cada vez más edificios que rompen el horizonte bajo, tapan el sol, desbordan la infraestructura de los servicios básicos. Como lo explicara a Redacción Rosario la arquitecta Yanina Nicastro en su análisis del caso Arroyito, con construcciones de altura en un barrio de casa bajas, se invade también la privacidad de los vecinos, forzándolos indefectiblemente a un cambio de estilo de vida. Pero además, se erosiona y pierde para siempre la identidad barrial, que es en definitiva lo que se intenta defender.
