La concejala del Partido del Progreso Social, María Fernanda Gigliani, insistió este jueves en la necesidad de activar la regulación de las edificaciones en los barrios rosarinos, cuya postergación por parte del Ejecutivo municipal –sostuvo– “alienta la especulación inmobiliaria”.
“Hace muchísimo tiempo que venimos pidiendo que de manera urgente se haga efectiva la regulación para las construcciones del segundo anillo y de los cordones perimetrales de la ciudad. Porque la especulación en la ciudad avanza mientras que la regulación se atrasa”, planteó la concejala este jueves, en declaraciones al programa de radio Poné la Pava (Aire Libre 91.3).
“Hace cuatro años y medio que Rosario está en condiciones de tener la regulación del segundo anillo y todavía no ha llegado. El ex intendente Miguel Lifschitz, planteó que en noviembre de 2011 iba a estar la regulación y todavía no está”, agregó, y continuó: “Mientras tanto se siguen otorgando permisos de edificación y demolición y todos sabemos que las normas no son retroactivas, es decir, que no se van a aplicar a todos aquellos que ya tienen sus certificados de demolición o edificación”.
Gigliani cuestionó además los argumentos que esgrime el oficialismo para rechazar la solicitud de suspensión temporaria de los permisos de demolición y edificación: “Desde el oficialismo se dice que nosotros planteamos que hay un vacío legal. Esto no es verdad. Lo que planteamos es que en la ciudad hay dos estándares jurídicos distintos. Uno, que tiene una fuerte regulación y que es irrestricta sobre el área central y el primer anillo, que data del año 2008, y otro sector de la ciudad que hoy se rige por el código del año ’67, con una lógica distinta a la que se intenta impregnar con la regulación”, dijo la edila.
“Cuando se hizo ese plan regulador –explicó–, se pensaba en una ciudad para dos millones trescientos mil habitantes. Lo que incentivaba ese código urbano era la construcción en altura en sustitución de la vivienda unifamiliar. La que se pretende hoy es una concepción totalmente distinta”.
La referente del PPS insistió en que el fundamento real para solicitar un paréntesis de 90 días en el otorgamiento de permisos es el de dar tiempo a una regulación efectiva sobre el avance de la especulación inmobiliaria que está afectando a los barrios.
“Hoy, los permisos de edificación se han transformado en una mercancía en Rosario. Nadie puede negar que si usted vende un terreno, es distinto si lo vende con el permiso de edificación otorgado. Esto supera ampliamente el valor. Y también nos consta que hay permisos de edificación que se han solicitado hace cuatro años y medio y todavía no se ha puesto un solo ladrillo”, señaló Gigliani.
Desde el oficialismo consideraron la propuesta del PPS como un “remedio peor que la enfermedad”. Así la calificó el edil socialista, Manuel Sciutto –también en declaraciones a Poné la Pava– ya que entiende que un freno a los permisos devendría en un freno a la actividad en el sector de la construcción.
Sobre ese argumento, que confunde la solicitud de suspensión temporal de permisos con la exigencia de activar una regulación sobre edificaciones, Gigliani también se manifestó: “No estamos en contra de la construcción, ese es un argumento que se quiere imponer para esquivar el bulto”, aclaró la concejala. “Creemos que la regulación va a facilitar una mayor participación en obras de construcción y no que siga existiendo la monopolización de la actividad por dos o tres empresas en la ciudad”, concluyó.
