Tras casi nueve horas de acalorado debate la cámara Baja convirtió en ley el proyecto que declara de “utilidad pública” y “sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), ex Ciccone Calcográfica. El oficialismo se granjeó el apoyo, entre propios, aliados y algunos opositores a favor de la medida, 145 votos positivos. Las demás bancadas arremetieron contra la figura del vicepresidente, Amado Boudou.
El kirchnerismo, junto con sus aliados más cercanos –Frente Cívico Santiagueño, Nuevo Encuentro y el Movimiento Popular Neuquino– y algunos bloques opositores –Proyecto Sur, juecismo cordobés y Unión Peronista– lograron cosechar 145 votos a favor de la expropiación de la ex Ciccone, devolviendo de este modo a la órbita del Estado la facultad de imprimir papel moneda. Se convalidó, también la intervención de la firma por un lapso de 60 días, tras avalar el Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo.
Setenta y siete votos rechazaron la medida: el radicalismo, el PRO, el GEN, el peronismo federal, la Coalición Cívica y parte del Frente Amplio Progresista se opusieron a la expropiación y atacaron al vicepresidente. Hubo sólo cuatro abstenciones, las cuales provinieron de los diputados de Unidad Popular.
Como miembro informante del oficialismo, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, presentó y defendió el proyecto al iniciarse la sesión cerca del mediodía del jueves. Aseguró que el mismo «está dentro de los marcos constitucionales y es una actividad excluyente de este Congreso», a la vez que cuestionó a la oposición al afirmar que «hace un show entre quiénes, siguiendo como borregos al señor (Héctor) Magnetto -CEO de Clarín-, hablan mal de nuestro vicepresidente».
El santafesino Agustín Rossi, presidente del bloque del FpV, cerró las argumentaciones oficiales y celebró la “totalmente acertada” decisión de declarar de utilidad pública a la CVS por cuanto así regresarán al Estado «todas las herramientas que posibilitan la confección de moneda”. Asimismo, se preguntó – en clara referencia al PS y al GEN – por qué algunos bloques que habían presentado en su momento proyectos de expropiación, se oponían ahora a esa misma medida. “¿Qué cambió de hace tres meses ahora?”, lanzó y conminó a esos mismos bloques opositores a no ser “cómplices de corporaciones que otras veces fueron contra ustedes”.
“Unas 480 notas de Clarín y 485 de La Nación ha tenido que soportar el vicepresidente. ¿Qué pasa si después la Justicia desecha las acusaciones?”, insistió Rossi.
Empero, los 77 diputados opositores prefirieron hacer oídos sordos a las recomendaciones del Chivo, y dispararon contra el ex ministro de Economía. “Esta ley va a ser recordada como la ley Boudou, la ley Ciccone o la ley de la corrupción”, dijo el radical Ricardo Gil Lavedra.
“¿Por qué el Estado, todos nosotros, le deben pagar las deudas del vicepresidente a sus amigos y acreedores?”, soltó el jefe de diputados macristas, Federico Pinedo. “Es un rescate financiero y político”, se quejó Enrique Thomas, del interbloque Frente Peronista.
En tanto Ricardo Alfonsín consideró una «exageración la invocación que hace el oficialismo a la llamada soberanía monetaria». “El progresismo que no combate la corrupción, o el progresismo ineficiente, es tanto o más dañino que las concepciones neoliberales o antipolíticas en la gestión”, indicó.
Elisa Carrió apuntó a la legalidad del DNU y solicitó que se anulara. Yendo aún más lejos reclamó que la investigación sobre Boudou, “que tiene de rehenes a todos los diputados del FpV”, se amplíe a la presidenta Cristina Fernández. No se salvó ni el Poder Judicial, cuyos jueces Lilita concibió como “el banco que administra el freezer de la impunidad en la República Argentina”.
La posibilidad que se vulnere la propiedad privada, fue uno de los principales temores que sobrevoló el recinto; el denarvaísta Gustavo Ferrari advirtió que “todas nuestras propiedades privadas están a tiro de un DNU”. Consideraciones similares salieron también desde la UCR y el PRO.
Finalmente, el interbloque del FAP se mostró desunido en cuanto a la votación pero bastante orgánico en lo que tirarle palos al vice respecta. El juecista cordobés Ernesto Martínez lo calificó de “pirata del asfalto, motoquero y advenedizo vicepresidente” pero acompañó el proyecto: “Lo que era bueno para nosotros hace unos meses no puede ser malo porque lo plantea otro partido”.
Lo mismo hizo Felipe Solá que apoyó la medida pero no a Boudou de quien dijo que era un “cobarde” que el oficialismo estaba ayudando.
El socialista Juan Carlos Zabalza reconoció los diferendos al interior del FAP pero los justificó al entender que se trata, justamente de un frente “amplio”. Su compañera de bancada, Graciela Villata, no fue tan contemplativa: “Algunos compañeros de este bloque que firmaron con la izquierda sus proyectos ahora votarán con la derecha el rechazo de la expropiación”.
Se refería claramente –como el Chivo Rossi lo hiciera al principio– al dictamen que el socialismo había presentado oportunamente con el GEN de Margarita Stolbizer a favor del proyecto y que luego, abruptamente trocaron por otro de “rechazo absoluto”, al que se sumó Victoria Donda, de Libres del Sur.
Fuentes: Télam, Página 12
