El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, calificó como “dolorosa” la represión policial contra los trabajadores que se oponen a la reforma jubilatoria de De la Sota. Además, acusó al gobernador de Córdoba de “hacer un uso político” del conflicto por el pacto fiscal.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, afirmó que es “doloroso ver que una provincia prive a los trabajadores de su derecho a manifestarse”, y aseguró que “esto nos retrotrae a una Argentina que nadie quiere repetir: ese país que reemplazaba la inteligencia por la brutalidad”.
En una entrevista con el portal de noticias Infonews, el funcionario, indicó que estos hechos “forman parte de un pensamiento que lejos de haber aportado al crecimiento de Argentina, la perjudican”, y agregó que “los gobernantes tienen que saber contener los conflictos sociales” sin violencia.
“Esto sólo genera mayor conflicto. Hay que pedirle al gobernador que evite este tipo de prácticas”, señaló Fresneda, quien cuestionó la reforma jubilatoria impulsada por De la Sota, y aseguró que no traerá soluciones al problema del sistema provisional cordobés.
“La caja de jubilación y pensión está en una situación crítica porque se basa en lineamientos no sustentables en el tiempo, ya que depende de ingresos y financiamientos que no genera la propia política y administración pública”, indicó.
Fresneda consideró además que “el problema cordobés es propio de la crisis en la que iba a caer por la matriz de pensamiento político y el modelo de Estado que esgrime el gobernador”.
En tanto, acusó a De la Sota de hacer un “uso político” del conflicto por el Pacto Fiscal que mantienen los gobiernos Nacional y Provincial, ya que “quiere nacionalizar la cuestión y encontrar aliados en otras provincias”.
“Hace un uso indebido de una problemática que es de Córdoba para atacar al gobierno nacional, y que interpela a la capacidad de gestión”, dijo Fresneda.
“Nación cumplió con el compromiso, la provincia no”, consideró, y agregó que “está en esta situación crítica por no gestionar y por no tener una política que se pueda sustentar en el tiempo”.
“El gobierno provincial tendría que trabajar para no aislar a Córdoba e integrarlo a un proyecto nacional”, concluyó el secretario de Derechos Humanos.
