El ministro de Gobierno, Rubén Galassi anticipó este lunes que el gobernador Antonio Bonfatti rechazará algunos artículos de la Ley de Emergencia en Seguridad aprobada la semana pasada por la Legislatura santafesina. “Será un veto parcial”, aseguró el ministro.
La modificación de la cúpula policial, los fondos reservados del Ministerio de Seguridad y la creación de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, son las tres normas ante las cuales la Casa Gris se muestra reticente.
No son cuestiones menores, apartar “en forma inmediata”, como solicitaron los diputados, a los jefes policiales investigados por la justicia o bajo sumario administrativo significaría pasar a retiro al actual jefe de la fuerza, Cristian Sola y a su segundo, José Luis Romitti, entre otros.
“Una cosa es una investigación judicial en curso donde haya pruebas y otra la denuncia anónima. No podemos implementar esta norma para la policía, ni para nadie. De hecho, en lo que va del año ya hay más de 150 investigaciones… Esa es una cuestión. Y otra muy distinta, las denuncias anónimas”, opinó Galassi en referencia al artículo 2, inciso “v” que “ordena” el alejamiento de Sola y Romitti, a quien Asuntos Internos les abrió un expediente por una denuncia anónima sobre su patrimonio.
Ya la diputada socialista Inés Bertero había advertido durante el debate parlamentario que tal articulado “vulnera el principio de inocencia, invade la competencia jurisdiccional del Poder Ejecutivo y afecta la división de poderes”. “No queremos caza de brujas ni poner a todos los jefes en una situación de duda respecto a enriquecimientos ilícitos y complicidades. Para eso está la ley y la justicia”, había planteado la legisladora.
Por otro lado, los fondos en danza, destinados a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y las divisiones Drogas Peligrosas y Asuntos Internos alcanzan, según el presupuesto 2013, la cifra para nada desdeñable de 2.220.000 pesos, cuyo uso deberá ser explicado según el artículo 9 de la nueva ley “a toda la Administración provincial, como también al contralor por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia. Esto implicará la debida y oportuna documentación respaldatoria de las inversiones realizadas”.
Antes de la emergencia, la ley 10.296 de gastos reservados obligaba a una “rendición de cuentas” mediante “recibo firmado por el responsable de recibir los fondos” y un “balance de inversión rubricado por el jefe de Policía de la provincia, el habilitado y el director de Administración”.
Sobre este punto Bertero también se había quejado: “Son fondos para las divisiones especiales y para abordar problemáticas delictuales complejas. Creemos que debe ser un trámite ágil y reservado, no sólo por la urgencia, sino por la complejidad abordada y la reserva que requieren las investigaciones, en muchos casos. La evidente intencionalidad de la norma surge palpable y es justamente la contraria a la que se declara, ya que en definitiva con este procedimiento se van a entorpecer las investigaciones de estas unidades y van a alertar a los sospechados de que se están realizando investigaciones”.
Fuente: Rosario 12
