El gobierno de Mariano Rajoy está estudiando la posibilidad de otorgar la residencia española a toda persona que adquiera una propiedad en ese país, siempre que el valor de la misma supere los 160.000 euros.
La profunda crisis europea, que azota particularmente a países como España, y la desesperada búsqueda de recursos, entre otros factores, parece obligar al gobierno Partido Popular a otorgar facilidades a los ricos del mundo para lograr la residencia, sin importar la clase de inversión, sino el monto.
Se trata, entonces, de volver a colocar en el mercado la enorme cantidad de «activos inmobiliarios» que quedaron en manos del sistema financiero tras la cesación de pagos en que, debido a la crisis y tras quedar sin empleo, incurrieron miles de familias españolas, siendo luego desalojados de las viviendas adquiridas a crédito.
Así lo indicó el ministro de Industria español, José Manuel Soria, al asegurar que la decisión de dar permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda de más de 160.000 euros «no está tomada», aunque se avanza en ese sentido.
La medida en estudio contrasta agudamente con la política inmigratoria española en uso, que tiende a deportar a cuanto extranjero sudamericano o africano pise sus tierras, como se ha visto en reiteradas ocasiones, incluso con argentinos.
