El ministro de Economía informó que los abogados que representan a la Argentina ante la justicia neoyorquina solicitaron la suspensión de la orden de Thomas Griesa al no poseer éste las competencias necesarias. “Por ende, el fallo es nulo”, sostuvo.
A través de un comunicado, Hernán Lorenzino explicó que la presentación “hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que éste carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo”.
Por otra parte, el documento denuncia “el ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por nuestro Congreso con el consenso de una amplia mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria”.
En este sentido la fórmula propuesta por el magistrado norteamericano es esencialmente inequitativa al pretender “pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje –y cuyo nivel de adhesión fue del 93 por ciento– sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”.
Este martes, en diálogo con el programa de Aire Libre 91.3, Poné la Pava, el economista del Conicet e integrante de Carta Abierta, Alejandro Rofman, explicó justamente el reclamo de ese siete por ciento que no aceptó la reestructuración del plazo, la tasa de interés y la quita del valor junto a los tenedores de bono que sí lo hicieron en 2005 y en 2010.
“Esto es muy particular”, opinó Rofman y a renglón seguido se explayó: “Cuando en la Argentina una empresa se presenta en convocatoria de acreedores con una mayoría como la que tuvo ésta, con un 93 por ciento a favor de reestructurar la deuda, se torna obligatoria para todos. Pero en el caso que acá nos ocupa, los que tienen bonos no presentados y al ser títulos públicos vigentes, reclamaron se les pague todo y el juez que entiende en la causa aceptó esa decisión y estableció que se depositen alrededor de 1000 millones de dólares de caución, como garantía de que el país va a pagar”.
Sin embargo, los Exchange Bon Holders (tenedores de bono), en línea con la posición esgrimida durante los últimos días por el gobierno argentino, advirtieron a la Corte de Apelaciones que el fallo de Griesa puede afectar la “preeminencia” de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York “como centros financieros mundiales”.
Fuente: Télam
