El sábado transita su pos mediodía sin nuevos incidentes en los barrios rosarinos, donde persiste la presencia policial que se incrementó notoriamente tras los primeros asaltos a pequeños comercios. En el centro, una multitud compra regalos navideños. Lo que más se dice: “no es 2001”; es más “desestabilización” y “delincuencia” que crisis social.
Autoridades municipales y provinciales informaron este sábado que los rumores que al caer el viernes daban cuenta de una noche agitada se fueron disipando con el correr de las horas. Y la tensión y los intentos de robo disminuyeron hasta la casi normalidad de la media jornada sabatina, con una multitud en las calles aprovisionándose para las fiestas.
Así, el foco de atención de autoridades y vecinos vuelve a ser la normalización de la situación generada por la intensa tormenta del jueves, que obligó a evacuaciones, provocó pérdidas materiales importantes en los barrios más humildes y atentó contra la provisión de servicios básicos como la energía eléctrica.
A la hora de la búsqueda de explicaciones a los sucesos de violencia y robo, hubo generalizado repudio a lo que se consideró mucho más delincuencia y/o maniobra desestabilizadora o de desgaste al gobierno que expresión genuina de descontento social: “Tanto la intendenta como los concejales consideramos que se trató de grupos organizados con fines delictivos. Por lo tanto, deslindamos de cualquier responsabilidad a organizaciones sociales y políticas y a sus referentes”, dijo, por ejemplo, el presidente del Concejo Municipal rosarino Miguel Zamarini. “Estos hechos nos sorprenden porque la relación con las instituciones de la sociedad civil están canalizadas de manera habitual”, agregó.
Desde el ámbito sindical, un pronunciamiento de sindicatos integrantes del Movimiento Sindical Rosarino opinó que “no existen causas de índole social, económica, o fenómeno climático que justifiquen los asaltos vandálicos a supermercados y almacenes que se registran en algunos lugares del país y particularmente en varios barrios de nuestra ciudad”.
“Las consecuencias quedan expuestas en las muertes que lamentamos profundamente y en muchos casos en el enfrentamiento de pobres contra pobres”, añade el comunicado, que advierte que “atrás de este tipo de situaciones violentas” se esconden quienes “impulsan una intención desestabilizadora”.
“Manifestamos el respaldo al sistema democrático y a las instituciones gubernamentales legítimamente constituidas a nivel municipal, provincial y nacional, más allá de las pertenencias políticas partidarias” y “nos ponemos a disposición de los distintos estamentos del estado a efectos de contribuir a la paz social”, dice el texto rubricado por gremios como Luz y Fuerza, Trabajadores Municipales de Rosario, APOPS, Correos, ATSA Rosario, SITRATEL, Asociación Bancaria, Industria de la Madera, Peluqueros y Peinadores, APEL, Confiteros, SICAP, Asociación Empleados de Comercio, Vendedores de Diarios y Revistas, Federación Gráfica Rosarina e Industria de la Carne, quienes también expresaron “solidaridad con los trabajadores de prensa y de la Empresa Provincial de la Energía agredidos cobardemente mientras realizaban sus respectivas tareas en zonas afectadas por los episodios de violencia o por la carencia del suministro de energía” y se declararon “en estado de alerta y sesión permanente”.
Una multisectorial que mira otro canal
En la misma línea que concejales y gremios de la Mesa Sindical se habían pronunciado ya organizaciones sociales y también organismos de defensa de los derechos humanos. Pero desde la denominada Multisectorial Rosario se ensayó otra lectura: para ellos sólo hay «respuesta represiva» del Estado ante una “emergencia social” como la que había cuando el estallido que tumbó al gobierno de la Alianza.
El comunicado de la Multisectorial es firmado por cinco dirigentes: Gustavo Terés, de CTA Rosario; Eduardo Delmonte, de la CCC; Gustavo Martínez, de ATE-CTA Rosario; Alejandro Parlante, del MST y Gustavo Bruffman, de COAD. “Denunciamos el estado de Emergencia Social. A 11 años del 19 y 20 de Diciembre de 2001, los problemas de fondo vuelven a emerger”, arranca el pronunciamiento, que también expresa “preocupación y rechazo ante la respuesta represiva que está dando el Estado ante las demandas populares”.
“Se dieron numerosas situaciones de violencia policial”, se señaló desde la Multisectorial. “En Villa Banana, ante el Distrito Oeste, los vecinos fueron reprimidos con una intensa balacera y fue detenido durante horas el compañero Iván Moreyra de la CUBa-MTR. Esta modalidad se repite en distintos barrios de la ciudad y la región, como en Villa Gobernador Gálvez. Además, el piquete que llevan adelante en Ayolas y el río los trabajadores portuarios que exigen la reincorporación de 11 despedidos está bajo la amenaza de inminente represión por parte de la Prefectura Nacional”, se indicó en otro tramo del texto, que no hace mención a los ataques a pequeños supermercados y comercios ni a las dos muertes que se produjeron durante los incidentes.
“La respuesta que tiene que dar el Estado es resolver los problemas de nuestro pueblo. Exigimos la declaración de la Emergencia Social a los tres niveles del Estado y la inmediata asistencia a los sectores más necesitados, plan de obras de saneamiento, Plan de Viviendas y la resolución de los problemas estructurales que dejan a los barrios y sectores populares en estado de precariedad y vulnerabilidad”, finaliza el comunicado, acompañado por las adhesiones de CTA Regional Rosario, ATE Rosario, AMSAFE Rosario, CCC, Pueblos Originarios en Lucha, Ceprodh, CUBa-MTR, Causa y Efecto, Arte por Libertad, Marea Popular, MST, PCR, PRML, PTS en el FIT, Izquierda Socialista, PSA, Frente Popular Darío Santillán, Educadores Populares de la Sagrada Familia en el Barrio Ludueña, Tupac, Coad, LIO, Teresa Vive, Bodegón Pocho Lepratti y Barrios de Pie.
Barrios de Pie, sin embargo, había difundido unas horas antes una postura distinta, hablando de hechos “que están lejanos de las prácticas de las organizaciones sociales” y repudiando las “expresiones que buscan generar caos y temor en la población y que suelen ser bien aprovechadas por sectores que buscan respuestas de mano dura”.
Desde la FTV, en tanto, Juan Carlos Rodríguez sostuvo que “falta mucho por hacer y cada día redoblamos los esfuerzos para incluir a los muchos que falta incluir, pero los robos, la violencia y el vandalismo sólo le hacen el juego a los que quieren frenar las políticas de inclusión y justicia social”.
Casi al mismo tiempo, en un comunicado conjunto firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora-, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. se expresó que “esta sucesión de acontecimientos, que a la luz del día no parecen espontáneos sino sugestivamente organizados, nos retrotraen a una Argentina a la que no queremos volver”.
Además exhortaron a la justicia a “encontrar a los responsables ideológicos y materiales” de los sucesos y exigieron “el esclarecimiento inmediato de las dos muertes provocadas por los hechos de violencia”.
