La violencia es “profunda preocupación de todos”, dijo el gobernador al encabezar la primera reunión del año del Consejo Provincial para la Seguridad, en la que se escucharon coincidencias en cuanto a lo de la preocupación pero también pedidos de “reformas de fondo”, como el que hiciera el diputado provincial Eduardo Toniolli.
“Esta primera reunión de 2013 del Consejo está marcada por la profunda preocupación de todos por el tema de la violencia en la provincia de Santa Fe”, contextualizó de entrada el gobernador Antonio Bonfatti, que de todos modos enseguida sazonó con que “no es diferente (lo que pasa en la provincia y en particular en Rosario) a lo que ocurre en muchos lugares del mundo, con una sociedad que está tratando de encontrar un camino y que lamentablemente se expresa violentamente en la medida en que no encuentra un norte o un objetivo de vida”.
“Específicamente en Santa Fe, para el problema de la violencia nosotros siempre hemos planteado la necesidad de un abordaje en tres direcciones: la social, desde la justicia y desde la fuerza de seguridad”, dijo también Bonfatti.
Y cerró con que “habrá un antes y un después de la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal de la provincia” a la hora de abordar el delito.
A su turno, el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, se refirió a la necesidad de “un cambio estructural en la fuerzas de seguridad de la provincia”. Y remarcó que “es muy difícil seguir sosteniendo una fuerza demasiado vertical, que corresponde a una antigua ley de 1975, que coloca al jefe de policía de la provincia a la cabeza no sólo de lo que es la fuerza policial sino de la estructura administrativa total de la fuerza”.
“Sobre esta base, planteamos el proyecto de tener cinco regiones con cinco jefaturas, y fortalecer esta relación directa de las jefaturas con las políticas locales”, abundó el ministro.
“Diálogo, no unanimidad”
Pero las posturas oficiales no fueron las únicas que se escucharon en la reunión. “Creemos en la necesidad del diálogo para resolver la crisis de seguridad que atraviesa nuestra provincia, pero diálogo no significa unanimidad”, fue el planteo de Toniolli, el diputado del Movimiento Evita que preside la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja y que había participado de anteriores reuniones del Consejo, en las que no abundan legisladores de la oposición.
Para el legislador kirchnerista una «reforma de fondo» pasa por «el fortalecimiento de la conducción política de las fuerzas de seguridad y la reducción de sus márgenes de autonomía», y no por «cambios parciales en el marco de la lógica de funcionamiento ya existente».
En ese sentido planteó una serie de medidas necesarias desde su punto de vista: «la puesta a punto de verdaderas herramientas de información criminal conducidas por especialistas, la implementación de un organismo disciplinario externo, el desarrollo real de la Secretaría de Control y la creación de programas para la prevención social del delito».
Además, valoró positivamente la iniciativa enunciada por el gobierno provincial de tomar denuncias en los centros de distritos municipales, pero agregó que «la efectividad de esta medida dependerá de reformas legislativas que le retiren la potestad de realización de actuaciones sumariales a la Policía, lo que, junto a la creación de un cuerpo de Policía Judicial, permitiría su dedicación exclusiva a actividades de prevención».
En lo de la necesidad de instrumentar un cuerpo de Policía Judicial coincidieron el Fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal; el Defensor provincial Gabriel Ganon y el Fiscal regional de Rosario Jorge Baclini, quienes a su vez introdujeron una mirada menos optimista que la oficial sobre los efectos de la reforma procesal penal tal como está planteada. Para ellos, la reforma –“un antes y un después”, la había ensalzado Bonfatti- será un fracaso si se limita a la aprobación de pliegos de jueces, fiscales y defensores y no se basa en la creación de estructuras sólidas y eficientes que sostengan las tareas a desarrollar.
Consejo y comisiones
Desde el gobierno provincial destacaron que en la reunión de este jueves “cada integrante del Consejo tenía a mano una carpeta donde figuraban las comisiones previstas en la reglamentación” bajo la que funciona la entidad. “Cada uno de los miembros tuvo la posibilidad de marcar la comisión donde le interesaría participar directamente. En los días sucesivos, el gobierno hará la convocatoria para la constitución de las comisiones”, se informó también, dando cuenta que el Consejo es el ámbito al que apuesta la Casa Gris como espacio de apertura a otras opiniones y búsqueda de acuerdos en el marco de la crisis de la seguridad. Habrá que ver para cuánto alcanza ese espacio, en medio de una realidad que no da tregua.
