Un informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) reveló que el 54% de las comisarías de Rosario posee una cantidad de personas detenidas que triplica su capacidad de alojamiento mientras que un 27% de las seccionales las quintuplica, y denunció la existencia de “un régimen de trabajo esclavo” en los penales de la provincia.
El trabajo del organismo defensor de los derechos humanos destaca además que “el 88% de las personas privadas de libertad en comisarías gozan del principio de inocencia, ya que no se encuentran condenadas”.
En esa línea agrega que “por ello podemos destacar que parte del problema de sobrepoblación y hacinamiento se origina en el abuso de la prisión preventiva”.
La CTC, una organización que desde hace más de una década trabaja la problemática de las personas privadas de su libertad en la provincia de Santa Fe, presentó un informe sobre la situación en las cárceles y comisarías actualizado al mes de marzo.
El mismo constata la sobrepoblación en seccionales de personas detenidas sin condena, el hacinamiento en los lugares de encierro y las deficientes condiciones de salubridad de los mismos.
“Los datos numéricos y fríos expuestos implican distintas clases de conflictos en las comisarías: falta de higiene y comida escasa y en mal estado, torturas, más una ausencia total de la atención a la salud”, dice el informe.
“Todo ello –abunda– configura un panorama inaceptable, que transgrede todos los estatutos nacionales e internacionales del tratamiento a las personas privadas de la libertad”.
En ese sentido, el documento difundido por la CTC remarca que “diferentes motines en los últimos meses grafican la situación de indefensión y tortura permanentes en los lugares de encierro”.
“Pero más allá de eso –agrega– el hacinamiento, la humedad, la falta de luz solar conforman un panorama que habla de la situación subhumana a la que están sometidos las personas privadas de la libertad”.
De acuerdo al trabajo elaborado por los abogados de la organización, el 88% de los detenidos en 26 seccionales de Rosario y el Gran Rosario no tienen condena, mientras que un 54% de esos lugares alberga a una población que excede en tres veces su capacidad.
En tanto, un 27% de las seccionales tiene cinco veces más detenidos que lugares de alojamiento, precisa el documento al que accedió la agencia Télam.
El relevamiento también da cuenta de muertes en unidades penales e intentos de suicidio en el Instituto de Rehabilitación Adolescente de Rosario (IRAR).
“Llos hechos demuestran fehacientemente esta situación: 3 muertes ocurridas en este comienzo año en las cárceles de la provincia. Esta falta de respeto al derecho a la vida y a la integridad física, tiene su concreción en los hechos de tortura, en el hacinamiento, en las muertes por ahorcamiento y en los intentos de suicidio del IRAR”, reseña.
Asimismo, recuerda que “hoy es parte fundamental de la agenda política el tema de la seguridad. Estos hechos hablan de la superficialidad con que se toma dicho tema con respecto a la situación descripta y la seguridad de toda la población”.
Los integrantes de la CTC también denunciaron en el informe la existencia de “un régimen de trabajo esclavo” en los penales santafesinos.
“La nula inversión, la falta de una política seria en materia de seguridad conlleva a la falta de herramientas brindadas a los internos en educación, formación en oficios, trabajo, y el hecho grave de que los que están trabajando lo hacen bajo un régimen de trabajo esclavo llamado peculio, donde el trabajo no es debidamente remunerado y donde poco se cumplen las reglas de seguridad laboral”, denunció el organismo.
Así, sostuvo que “mientras la ley de ejecución penal dictada por el Congreso de la Nación establece los derechos laborales de quien se encuentra privado de libertad, nuestra provincia al adherir a la misma «omitió» estos derechos fundamentales, estableciendo condiciones laborales indignas para quien se encuentra privado de la libertad”.
Además, el documento señala que “las muertes en estos primeros meses del año, los intentos de suicidio y las torturas demuestran que el discurso de los derechos humanos y garantías no basta cuando en los hechos se violan permanentemente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.
Por último, apunta contra organismos provinciales que deberían actuar ante la situación descripta.
“Ni la Secretaría de Derechos Humanos provincial ni la Defensoría del Pueblo tienen un rol activo en esta problemática. Y desgraciadamente, la intervención de la primera tiene en general por objeto invisibilizar el conflicto en vez de darle solución”.
Fuente: Télam
